Se ofertarán cuatro viviendas sociales en nuestra ciudad

El pasado día 31 de julio, se aprobó el reglamento de vivienda municipal, por tal de establecer unos requisitos en la adjudicación de vivienda municipal y que a su vez pudiera servir como instrumento para tener información sobre la demanda real de la población alcoyana. La concejala de Vivienda del Ayuntamiento de Alcoy, María Baca, ha informado que se van a ofertar cuatro viviendas sociales, pero hay previsión de lanzar otras convocatorias durante el año. Actualmente, hay 110 viviendas en situaciones diversas. Esta cifra, se ha mantenido estable durante el año pasado.

Desde el día 16 de febrero hasta el 16 de marzo, las personas interesadas en una de estos cuatroinmuebles podrán ir al Departamento de Vivienda, situado en la calle Sant Llorenç, número 2, con un horario de atención de 10 a 14 horas.

Dentro de este reglamento se identifican tres grupos, donde se recogen necesidades y situaciones socioeconómicas diferentes. Nos encontramos con las viviendad de emergencia social, las viviendas sociales, y en tercer lugar está, las viviendas de jóvenes demandas de vivienda.

Esta mañana, se han reunido María Baca (Regidora de Vivienda Social) junto a Luis Molina, para explicar los requisitos para poder acceder a una vivienda social. Estos son los siguientes: La unidad familiar tiene que estar formada por dos o más miembros, los ingresos han de ser estables, las personas tienen que estar recibiendo una prestación social contributiva y poder acreditar que recibieron el año anterior ingresos entre el 1 del IPREM y el 2 del IPREM. Además, las personas que tienen reconocido el subsidio para mayores de 55 años, y que tienen una pensión no contributiva también podrán realizar la petición. Tienen que estar al corriente de las obligaciones del Ayuntamiento, tener la nacionalidad española o miembro de la Unión Europea, residencia legal o permanente en España, y no ser titular de ninguna vivienda, además no haber estado sin pagar dos o más meses de alquiler, no haber renunciado a una oferta laboral o plan de ocupación, no haber ocupado ilegalmente una vivienda pública o privada, o no estar beneficiado de una vivienda pública en la provincia de Alicante durante los últimos cinco años.

El proceso de adjudicación se basará en un criterio económico y en un criterio de tipología familiar. La duración del contrato será de tres años, pudiendo ser prorrogables. Una característica a destacar, es la valoración a las familias en un circuito integral, estas familias, tendrán la obligación de entrar en los talleres de formación que se puedan iniciar desde el Departamento de Vivienda. Se realizará un seguimiento de las familias alojadas en dichas viviendas.

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