Ortiz debe pagar la mitad de la reforma de La Rosaleda
La empresa que llevó a cabo la reforma de La Rosaleda, que incluyó la reurbanización de la plaza superior y un aparcamiento subterráneo, debe asumir prácticamente la mitad del coste de las obras de reforma para legalizarla.
Según anunció ayer el alcalde, Toni Francés, el Juzgado Contencioso Administrativo número 4 de Alicante ha rechazado el contencioso presentado por la empresa y da la razón al Ayuntamiento, por lo que la firma –una Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Ortiz e Hijos y Auplasa, según apuntó el alcalde– debe pagar alrededor de la mitad del coste de esta actuación de reforma.
Francés explicó que lo máximo que se le puede pedir legalmente es cinco veces el coste del proyecto, lo que supone 275.000 euros. Mientras, estiman que legalizar la plaza de La Rosaleda ascenderá a los 590.000 euros, de los que 450.000 euros es el coste previsto para las obras y el resto gastos de redacción del proyecto y jurídicos, así como el de unas pruebas. El alcalde explicó que si bien contra esta decisión cabe recurso, van a pedir el pago inmediato de la cifra que debe abonar la empresa –o en su defecto pueden embargarle bienes por esa cuantía–, y apuntó que “además condena en costas a la UTE”. En 2012 el Juzgado ya rechazó la suspensión del acto administrativo y ahora desestima el contencioso.
El alcalde aprovechó la ocasión para realizar un repaso por un proceso que dura una docena de años, puesto que el proyecto fue aprobado en 2001. Recordó que en 2005 la obra fue declarada ilegal por el Tribunal Superior de Justicia y en 2010 la Colla Ecologista La Carrasca pidió al Ayuntamiento que iniciara un proceso para exigir responsabilidades a la empresa, a los políticos y a los técnicos, “pero el PP contaba con mayoría absoluta y lo rechazó”. Volvieron a presentarlo en 2011 “el PP ya no tenía mayoría absoluta y en el año 2012 iniciamos el proceso. Ortiz e Hijos y Auplasa presentaron un contencioso contra esa resolución municipal y ahora el tribunal lo ha rechazado y da la razón al Ayuntamiento”. El alcalde apuntó que el Ayuntamiento es responsable de una obra que la Justicia declaró ilegal, si bien remarcó que también lo es la unión de empresas apuntada “porque el contrato con esa UTE era para la redacción del proyecto, construcción y explotación, por lo que la empresa diseñó y proyectó esa obra y es responsable junto con el Ayuntamiento de Alcoy de esa ilegalidad”.
El gobierno va a ir más allá y va a pedir que el resto del coste de la obra –lo que no pague la empresa, 315.000 euros– lo abonen los trece concejales que aprobaron el proyecto, en un Pleno celebrado en septiembre de 2001. La edil de Régimen Jurídico, Lorena Zamorano, apuntó que “no es lógico que los alcoyanos paguen el despropósito de un gobierno anterior. Había una plataforma contraria al proyecto y las alegaciones no fueron incorporadas ni debatidas” y avanzó que van a iniciar el proceso para exigir responsabilidades patrimoniales a los 13 concejales que lo aprobaron.
Zamorano considera que el responsable político en primera instancia es el entonces concejal de Obras del PP Rafa Miró, quien formaba parte del gobierno junto al alcalde, Miguel Peralta, y los ediles Jorge Sedano, Amparo Ferrando, Fernando Pastor, Loli Alba, Trini Miró, Javier Castañer, Santi Botella, Mario Pons, Julio Fontoba y Arancha Revert. Todos aprobaron el proyecto, así como el edil del Grupo Mixto Quico Carbonell, quien dejó el PSOE, según informó el gobierno municipal ayer. También explicaron que al iniciarse el expediente no había informes de técnicos municipales, por lo que no tienen responsabilidades.