Los profesionales de los Juzgados de Alcoy piden más seguridad y accesibilidad

Buena parte de los profesionales de la Justicia ha mostrado desde un primer momento sus quejas y recelos a la ubicación que el PP eligió para trasladar los Juzgados, una decisión que se tomó sin tener en cuenta las opiniones de aquellos que día a día deben ocupar esas instalaciones. Ahora, después de todos estos años, no tienen más remedio que acatar lo que se les ha comunicado y que es “una decisión política”, pero siguen viendo muchos inconvenientes a la nueva sede.

La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, y el alcalde de Alcoy, Toni Francés, se reunieron el jueves con profesionales de la Justicia para informarles del proceso a partir de ahora, y éstos manifestaron sus posturas, a la vez que se abordaron varios temas en concreto, reivindicándose mejoras en accesibilidad, seguridad exterior, aparcamiento, distribución interior, capacidad y forma de llevar a cabo el traslado.

Traslado a la vez

El decano del Colegio de Abogados, Juan José Tortajada, explicó que en la reunión plantearon si el edificio de la Mare de Déu tiene capacidad para un quinto Juzgado, por si en el futuro se concediera, y se les informó que si la hay y que podría acogerlo en caso de que Alcoy contara con él.

En cuanto al edificio en sí, plantearon la necesidad de que puedan participar en la distribución del inmueble, puesto que son quienes más conocen las necesidades de cada uno de los servicios, por lo que piden que se les tenga en cuenta, algo a lo que Conselleria se ha comprometido, según la información facilitada.

Junto a ello, también plantearon que el traslado de los cuatro Juzgados y de los diferentes servicios se realice en las mismas fechas, puesto que de manera contraria se perderá efectividad, y se les indicó que ése es el objetivo, que se intentará.

Compromisos políticos

Además, en la reunión los profesionales de la Justicia arrancaron una serie de compromisos políticos en cuestiones que consideran básicas para el día a día una vez se encuentren en la Mare de Déu. El decano del Colegio de Abogados explicó que un tema que les preocupa es el de la accesibilidad, ya que la zona no tiene servicio de autobús y son muchas las personas de edad avanzada o que tienen la movilidad reducida que acuden a realizar gestiones al Juzgado, y que necesitan acudir en transporte público. Así, piden soluciones para que haya un servicio público de transporte, y a nivel político se comprometieron a estudiar el tema.

Igualmente les preocupa la seguridad exterior y han pedido que se disponga, algo sobre lo que también se ha conseguido un compromiso político, a la vez que demandan soluciones referentes al aparcamiento, teniendo en cuenta que solo con el personal que a diario entra y sale del Juzgado ya se puede hablar de un centenar de vehículos, a los que sumar los de los usuarios que puedan acudir, y el alcalde explicó que se estudiarán posibles soluciones.

Profesionales de la Justicia consideran que la situación a la que se ha llegado parte de un despropósito, pues ni la ubicación ni las formas que se utilizaron en el proceso se consideran correctas, y el decano del Colegio de Abogados explica que lo que se vive en la actualidad es una “política de hechos consumados”, pues se han visto obligados a utilizar lo que se hizo en su momento. En varias ocasiones y desde diferentes organismos se han denunciado las deficiencias que tiene el actual Palacio de Justicia en la Plaza Al-Azraq, pero son muchos quienes consideran que la alternativa de la Mare de Déu no es la mejor opción para un servicio público.