La frágil credibilidad
El debate plenario sobre el estado de la ciudad ha tenido por lo menos una virtud, ya que ha servido para situar el foco sobre el que es, sin ningún género de dudas, el primer problema político de Alcoy: el dramático desencuentro del Ayuntamiento con la Generalitat, que remonta sus orígenes al año 1995 y que se ha convertido en una insoportable losa para cualquier proyecto local de futuro. El anuncio de un pacto para desbloquear las relaciones con Valencia, propiciado por un ofrecimiento inicial del PP, es una noticia que en principio debería calificarse de positiva, ya que supone el reconocimiento de la existencia de una situación anormal, que se ha venido prolongando durante 18 años y que empieza a convertirse ya en algo insostenible. Sin embargo, las circunstancias políticas que envuelven a esta singular iniciativa de consenso hacen muy complicado encontrar en ella alguna dosis de credibilidad.
Las primeras dudas surgen al analizar la hoja de servicios del promotor de la propuesta: un Partido Popular, que desde la lejana época de Zaplana viene sometiendo a Alcoy a un continuado castigo político, que se ha traducido en una congelación prácticamente total de las inversiones del gobierno autonómico en este municipio. Sea por acosar a los gobiernos de izquierdas alcoyanos o por apretarles las tuercas a los disidentes zaplanistas del PP local durante la etapa Camps, lo cierto es que la Generalitat nos ha borrado de todas sus listas de prioridades y nos ha colocado en una situación económica cercana a la asfixia. Esperar ahora un cambio de actitud por parte de este partido es un arriesgado ejercicio de ingenuidad.
En este mismo orden de cosas, hay que señalar que la oferta de tregua lanzada por el PP llega en medio del peor ambiente posible. Las relaciones Alcoy-Valencia no pasan por su mejor momento, en unos días en los que la Generalitat ha invadido las competencias urbanísticas municipales aprobando por su cuenta el plan para la Española, en los que la administración autonómica se niega a pagar su parte del Calderón, en los que intenta timarnos con los juzgados y en los que mantiene una deuda con la corporación que se acerca a los 8 millones de euros. Sobre estos polémicos cimientos resulta prácticamente imposible construir una relación sólida entre dos administraciones que llevan década y media circulando por caminos distintos.
El único resquicio para creer en la sinceridad de la oferta del PP hay que buscarlo en los recientes cambios registrados en la cúpula alcoyana del partido. La llegada de Rafa Miró a la dirección popular y su más que probable candidatura a la Alcaldía se ha vendido a la opinión pública como un intento de hacer borrón y cuenta nueva con la etapa anterior, ofreciéndole a la ciudadanía una cara más conciliadora, alejada de la dureza gratuita y displicente que marcó los mandatos de Peralta y Sedano. El nuevo presidente popular lo tiene relativamente fácil si quiere demostrar que actúa guiado por una voluntad real de reconstruir los puentes entre Alcoy y Valencia: le bastará con desbloquear alguno de los innumerables contenciosos que la Generalitat mantiene con el Ayuntamiento. Si no actúa así, será inevitable llegar a la conclusión de que estamos ante una mera operación de maquillaje político, un gesto vacío de significado, que sólo se puede entender en clave electoral.