Zaplana pudo cobrar comisiones por la construcción de Serelles
El alcalde, Toni Fránces, ha encargado a los servicios jurídicos que se personen en la causa abierta contra el ex presidente, Eduardo Zaplana, por el conocido como el caso ‘Erial’, informa el Ayuntamiento en una nota de prensa. Hay que recordar que la urbanización proyectada en las faldas de la Serra de Mariola, en el conocido paraje de Serelles, y adjudicada a la empresa Luxender pretendía construir 1500 viviendas, un proyecto que la Conselleria de Medio ambiente redujo a 500 viviendas. Después de aprobada la operación urbanística y con la quiebra económica de la empresa, la urbanización se quedó a medias, con centenares de casas a medio construir, diferentes servicios sin acabar y muchos vecinos afectados por una situación que ellos no habían provocado.
Además, el Ayuntamiento ha tenido que hacer frente a una sanción de la Confederación Hidrográfica del Júcar, por valor de 600.000 euros y también ha tenido que asumir la finalización de la urbanización con el coste económico que esto ha supuesto. Un coste que ha repercutido en las arcas municipales y, por lo tanto, en los bolsillos de todos los alcoyanos, añade el comunicado.
Francés apunta que «Las informaciones que hemos conocido alrededor de la causa abierta contra Zaplana son muy preocupantes, puesto que presuntamente apuntan que la urbanización de Serelles en Alcoy, realizada por la empresa Luxender, y aprobada por el anterior gobierno del Partido Popular, no sólo fue una quiebra económica sino que formó parte de una red de corrupción política. Vamos a personarnos en la causa, puesto que los alcoyanos nos merecemos saber qué pasó con esta operación urbanística y averiguar de primera mano todo lo que se hizo y quienes fueron todos aquellos que de una manera u otra participaron de esta trama».
Por otro lado, el alcalde añade: «Queremos ver, ahora que parece que se ha localizado dinero oculto y se han decomisado bienes, si también si podemos exigir daños y perjuicios, porque en la medida de las posibilidades, Alcoy recupere el dinero que nos ha costado esta desastrosa gestión urbanística del Partido Popular».
Hay que indicar que en las últimas informaciones aparecidas en los medios de comunicación, Luxender estaría presuntamente involucrada con una red de empresas en el extranjero para desviar fondos, un entramado financiero, presuntamente diseñado por Eduardo Zaplana, para cobrar comisiones ilegales. Igualmente, los medios también han apuntado que parece que el ex-presidente consiguió que su asesor fiscal, Francisco Grau, también en prisión preventiva, fuera uno de los administradores concursales de Luxender.
«Sólo conocemos lo que está apareciendo en los medios de comunicación por lo que tenemos que ser prudentes pero, al mismo tiempo, las informaciones son tan graves que es obligación de este Gobierno hablar con los servicios jurídicos para personarse y así formar parte de una investigación que nos afecta, puesto que, presuntamente los alcoyanos podemos haber sido víctimas directas de la corrupción política de Zaplana y el Partido Popular» concluye Francés.
