Un ataque directo a la libertad educativa
La reciente propuesta del PSOE de Alcoy de eliminar la Ley 1/2024, del 24 de junio, de la Comunidad Valenciana, que regula la libertad educativa, es una decisión que pone en peligro principios fundamentales del sistema educativo y, en última instancia, de nuestra sociedad democrática. Esta ley busca garantizar que todos los estudiantes, independientemente de su origen o contexto, puedan acceder a una educación de calidad y adaptada a las necesidades de cada individuo, promoviendo una mayor autonomía para los centros educativos.
Uno de los aspectos más preocupantes de la posible derogación de esta ley es que se socavaría la libertad de elección de las familias a la hora de decidir la lengua con la deben recibir la educación sus hijos, lo cual es un derecho fundamental que debe ser protegido. La ley permite a las familias optar por el modelo educativo que mejor se ajuste a sus valores y necesidades, ya sea en Valenciano como en Castellano.
Eliminar esta ley no solo afectaría la libertad de elección de los padres, sino que también abriría la puerta a un sistema educativo con tintes totalitarios, limitando la capacidad de los centros para ofrecer una educación demandada por las familias. La educación debe ser un espacio de libertad, innovación y pluralismo, no un ámbito cerrado en el que se impongan modelos homogéneos que no tengan en cuenta las preferencias de padres y alumnos.
Las empresas buscan cada vez más candidatos que no solo dominen el Castellano, sino que también sean capaces de comunicarse en lenguas internacionales. El inglés, por ejemplo, se ha consolidado como el idioma global de los negocios. Limitar el enfoque educativo al valenciano puede dejar a muchos jóvenes valencianos en desventaja, incapaces de acceder a empleos en empresas que operan a nivel nacional e internacional.
En lugar de eliminar la ley, lo que necesita la Comunidad Valenciana, es un esfuerzo por mejorarla y adaptarla a los retos educativos contemporáneos. La derogación no resolvería los problemas del sistema educativo, sino que lo empujaría hacia un modelo más rígido, uniformado y menos libre. En una sociedad democrática, la libertad educativa debe ser protegida, ya que es una de las bases que permiten a las personas desarrollar su pensamiento crítico, sus valores y su identidad.
El valenciano, sin duda, es una lengua rica y significativa para la identidad cultural de nuestra comunidad. No obstante, forzar su aprendizaje y uso en detrimento de otras lenguas, especialmente el español, puede tener consecuencias negativas. En un contexto laboral donde la competitividad es feroz y las oportunidades se extienden más allá de las fronteras regionales, contar con habilidades lingüísticas diversas es una ventaja innegable.
Derogar la Ley 1/2024 sería, por tanto, un grave error que afectaría a toda la comunidad educativa y a las futuras generaciones. La libertad educativa es un pilar que debe preservarse, no solo porque está reconocida como un derecho fundamental, sino porque es esencial para el desarrollo de una sociedad plural y democrática.
Carlos García Seguí – Concejal del G.M. VOX de Alcoy