Se cumplen 30 años del ‘crack’ de la Caja de Crédito de Alcoy
Unas 1.500 cuentas bancarias se vieron afectadas y la suspensión de pagos ascendió a más de 800 millones de pesetas (4’8m euros)
La Caja de Crédito Alcoy fue fundada en 1987. Apenas seis años después, en julio de 1993 se presentó en el Juzgado una demanda de suspensión de pagos de más de 800 millones de pesetas –unos 4’8 millones de los actuales euros–, lo que afectó a unas 1.500 cuentas bancarias, por un montante de unos 3’7 millones de euros, puesto que el dinero se ‘congeló’.
De este suceso se han cumplido 30 años en el mes de julio, concretamente, la demanda de suspensión de pagos se produjo el 26 de julio de 1993.
Se trató de un hecho que revolucionó a la sociedad alcoyana y también de la comarca porque, tal y como recuerda Enrique Rodes, presidente del colectivo de afectados de esta quiebra, también hubo vecinos de Cocentaina, Onil, Castalla, Ibi, Muro y Banyeres que habían depositado sus ahorros en la Caja de Crédito de Alcoy: “fue un drama muy grande”, ha afirmado a El Nostre, 30 años después de que comenzase un proceso que todavía no ha finalizado.
Rodes señala que la gran parte de los afectados por el ‘crack’ eran humildes: “la mayoría de personas éramos trabajadoras, de pocos recursos. En algunos casos el dinero era para la boda de sus hijos, para que estos estudiasen…”. Recuerda que muchas de las ‘cartillas’ pertenecían a colectivos, por lo que el número de personas afectadas es superior al de cuentas que se congelaron.
IRREGULARIDADES DETECTADAS
Enrique Rodes afirma que “no se había visto algo tan grave” hasta ese momento, en el que, en un principio no generó excesiva preocupación, hasta que fueron pasando los meses y se iban descubriendo detalles de lo ocurrido, ya que posteriormente se denunciaron irregularidades en la contabilidad y en los préstamos.
Sobre esto, en una asamblea celebrada en junio de 1994 se hizo alusión a las posibles causas que habían llevado a la Caja de Alcoy a esta complicada situación, como por ejemplo, la “facilidad en la concesión de préstamos y créditos con escasas garantías de cobro y con pocas posibilidades de recuperación”, según publicó el periódico Ciudad el 23 de junio del citado año.
Asimismo, en dicha asamblea también se hizo referencia a balances maquillados, hipotecas sin tasación ni inscripción en el registro y a la concesión de créditos a familiares de cargos directivos de la entidad bancaria un día antes de la suspensión de pagos y ese mismo día se realizó una operación de compra de acciones a socios por valor de 3.800.000 pesetas, con cantidades individuales que estaban fuera de lo establecido en los estatutos.
Al parecer, algunos de los directivos –que después fueron imputados– eran conscientes de la delicada situación económica de la Caja de Crédito de Alcoy.
Por otro lado, indicar que en el año 1889 –dos años después del nacimiento de la Caja de Alcoy–, el Banco de España abrió un expediente sancionador, que dio inicio a las investigaciones a la entidad.
A lo largo de esos años, la Caja de Alcoy fue declarada en quiebra, y posteriormente, en 1999, esta fue calificada como fraudulenta en una sentencia judicial.
Tras esto, los afectados, aunados en un colectivo creado en septiembre del mismo año 1993, demandaron a algunos cargos de responsabilidad de la entidad en cuestión, un juicio que no comenzó hasta 2008 y del que Enrique Rodes considera que “no se han depurado todas las responsabilidades”.
EL JUICIO Y LOS IMPUTADOS
Más de una década después de que el Juzgado declarase la insolvencia definitiva de la entidad bancaria alcoyana (el 7 de junio de 1994) empezó el proceso judicial en el que había cinco personas imputadas, directivos de la Caja de Crédito de Alcoy: el director de la caja, la subdirectora, el responsable de la sucursal y dos miembros del consejo rector, según se publicó en prensa en el momento del juicio.
La Audiencia Provincial de Alicante albergó este proceso, que se prolongó durante varios días y en el que se decretó cárcel para tres imputados: el director de la caja, Jesús Llopis Ferrer (pena de 3 años); la subdirectora, Mercedes Llopis (pena de 3 años); y el director de la sucursal, Jesús Lidiano Llopis (pena de 4 años tras una rectificación del Supremo).
Inicialmente, el director de la sucursal no fue condenado por la Sección tercera de la Audiencia Provincial de Alicante al considerar que el delito de complicidad ya había prescrito en ese momento, pero el Tribunal Supremo rectificó esta parte del fallo, imputándoles a los tres un delito de insolvencia punible –es decir, quiebra fraudulenta–.
Todos ellos eran familia, el director de la caja era el padre del director de la sucursal, y el tío de la subdirectora.
CUMPLIMIENTO DE CONDENA
En el caso de Jesús Llopis Ferrer, se le concedió el tercer grado tras cumplir seis meses de la condena teniendo en cuenta su edad, y que presentó avales para cubrir la responsabilidad civil (devolución del dinero) que fue impuesta en la sentencia de la Audiencia Provincial.
Por su parte, Jesús Lidiano López ya se encontraba en la cárcel por otro delito, y aprovechó el primer permiso concedido para fugarse y a día de hoy se desconoce su paradero, según confirma Enrique Rodes: “por lo que consultamos, al parecer cogió un barco en Alicante en dirección a Argelia, y de ahí, se le perdió el rastro”.
Finalmente, Mercedes Llopis sí que cumplió parte de su condena, estando en la cárcel unos dos años.
Además de la pena de cárcel de los tres directivos, los afectados han trabajado durante estos 30 años para recuperar el dinero, puesto que, la Caja de Crédito de Alcoy no estaba adherida al Fondo de Garantía de Depósitos, por lo que las cantidades que tenían en dicha entidad las han ido cobrando poco a poco, un proceso que todavía no ha concluido.
RECUPERACIÓN DEL DINERO
El colectivo creado por los afectados de la quiebra fraudulenta de la Caja de Crédito de Alcoy continúa con su objetivo de recuperar el dinero que se ‘congeló’ debido a este hecho.
Acerca de esto, indicar que ha habido ayudas económicas que les han permitido contar con parte del crédito que tenían en la citada entidad bancaria.
A nivel general, el presidente del citado colectivo, Enrique Rodes, ha declarado a El Nostre que actualmente el porcentaje de recuperación se sitúa en el 72% pero que es muy probable que esta cifra sea mayor próximamente puesto que existe un “goteo constante de devolución del dinero” que procede de embargos, de los bienes o del dinero de los condenados, según relata.
Poco a poco se van haciendo repartos entre los afectados, autorizados a nivel judicial, ya que inicialmente el dinero “se va a una cuenta judicial”.
De este modo, Rodes estima que el citado porcentaje todavía podría subir 6 o 7 puntos más, del total de lo que se defraudó: “que se pueda recuperar casi el 80% de lo defraudado, de una quiebra fraudulenta es rarísimo”, por lo que la valoración es positiva.
Avanza que el posible próximo reparto “será especial”, ya que, en el momento del juicio, hubo algunas personas afectadas que no fueron a declarar y que ahora “la jueza las ha reconocido” y entrarán en el reparto del dinero.