Revisarán precios para volver a licitar la reforma de La Rosaleda

El Ayuntamiento de Alcoy ha salido al paso de las manifestaciones vertidas esta pasada semana por la Colla Ecologista La Carrasca, mediante las que advertía que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) exige que la obra de reposición de la zona verde de La Rosaleda esté acabada en el plazo máximo de un año. Según los ecologistas, esto sería debido a los “continuos retrasos” en la ejecución de la sentencia por parte del consistorio alcoyano.
Hay que recordar que el concurso de las obras quedó desierto recientemente, razón por la cual el gobierno municipal se ha apresurado a informar de que ya ha iniciado el expediente para la revisión de precios del proyecto de ejecución para volver a licitarlo.
Sobre esta cuestión, La Carrasca reprocha al gobierno que presentó alegaciones en su día pidiendo que actualizaran los precios, ya que “a causa del tiempo que habían dejado pasar, estaban totalmente desfasados”, asegurando que el Ayuntamiento se negó y que esto comportó que la licitación quedara desierta. Al respecto, el gobierno socialista remarca que el Consistorio “siempre se ha basado en el precio que los técnicos han fijado para el concurso, puesto que son ellos quienes tienen la capacidad de determinar esta cuestión. Por ello, el presupuesto del concurso que quedó desierto venía avalado por los informes técnicos”, defienden los socialistas.
Con todo, ahora el TSJ ha dictado una providencia en la que acuerda, entre otros aspectos, que las obras deben estar ejecutadas en el plazo de un año, y advierte al alcalde y al concejal de Urbanismo de las posibles responsabilidades penales y de multas coercitivas si no se ejecutan las obras. Sobre esta providencia, que no es firme, el Ayuntamiento ya prepara recurso de reposición.
El edil de Urbanismo, Jordi Martínez, señala que “no ha habido ninguna actitud dilatoria, como dice la Colla Ecologista La Carrasca. Hemos cumplido con los plazos, que además el Tribunal tenía constancia del proyecto y licitación, y en cuanto a los precios siempre hemos asumido el coste fijado por los técnicos, que son quienes tienen competencia para determinar una cuestión como esa. Si en su momento técnicamente se fijó un precio, nuestra obligación era concursarlo por dicha cantidad, puesto que aparte de querer cumplir con la sentencia siempre tenemos presente que se trata de recursos públicos y hay que gestionarlos adecuadamente”.
Además, recalca que La Carrasca era “sabedora” de que un informe del técnico municipal competente indicaba que si bien los precios habían subido, en ese momento se estaban rebajando (noviembre de 2022), y acompañaba una gráfica sobre el precio de los materiales. “Y era sabedora porque de esta cuestión se le dio traslado –subrayan desde el gobierno– así como de que no se aceptaba tampoco su otra alegación, en la que pedían que el proyecto complementario se ejecute inmediatamente después o simultáneamente a la última fase del principal, indicándoles que se trata de una mejora al proyecto que ya da cumplimiento a la sentencia y que se licitará, en su caso, en función de las posibilidades presupuestarias”.