Presentan un proyecto de planta fotovoltaica de 71 hectáreas en Polop Alt

Reportaría unos ingresos anuales a las arcas municipales de 300.000 E en impuestos, además de un desembolso inicial de más de 2 millones

La Generalitat inadmite la planta fotovoltaica de Polop Alt
Terrenos en Polop Alt.

En el Pleno del pasado viernes no lograba salir adelante una moción de Guanyar para instar a la Generalitat a llevar a cabo las modificaciones normativas pertinentes de cara a reforzar la autonomía municipal a la hora de poner en marcha proyectos de energías renovables. Esta petición surge a raíz de la actuación presentada por Iberdrola para construir en Polop Alt una planta solar fotovoltaica. Guanyar pidió explícitamente que el Ayuntamiento se oponga. Pero en este tipo de proyectos es Conselleria quien decide y deberá determinar si hay o no impacto paisajístico, como denuncia La Carrasca

Desde que se anunció el pasado verano, la Colla Ecologista La Carrasca viene alertando del impacto ambiental y paisajístico que supondría la implantación en la zona de Polop Alt –partida situada en la carretera de Banyeres, en el extremo del término municipal de Alcoy– de lo que definen como una “macroplanta” solar para la producción de energía fotovoltaica. Iberdrola, que es la compañía promotora, inició los trámites pertinentes en agosto y hace un par de semanas organizó un acto de presentación abierto al público en la Sala Ágora, donde se dio a conocer que la central ocuparía 71 hectáreas de superficie –y no 275, como se había llegado a apuntar–, además de presentar la promotora varias medidas de carácter “compensatorio” y de integración paisajística para reducir el impacto visual, entre las que destacan acciones como la replantación de árboles, instalación de cajas nido para aves, apicultura entre paneles, restauración de caminos, incluso la recuperación de una masía.
La compañía, que asegura que no se afecta a zonas protegidas, explicó en el acto que el proyecto se encuentra actualmente en tramitación por parte de la Generalitat Valenciana, estando pendiente de información pública y consultas, así como de la evaluación de Medio Ambiente. Mientras, desde Guanyar exigen que el Ayuntamiento se oponga a la actuación y así lo manifestaron en el Pleno municipal, al que presentaron una moción solicitando instar a la Generalitat –que es la que tiene competencias en materia de proyectos de energías renovables– en primer lugar, derogar los artículos de la ley autonómica que impide a los ayuntamientos poder decidir sobre este tipo de actuaciones, y, en este sentido, pedían instar a Conselleria a facilitar la autonomía municipal a la hora de intervenir en su tramitación.
Solo apoyaron la iniciativa Podem y Compromís, ambos por estar en contra de la “masificación” y apostar en cambio por el autoconsumo. Del lado de los que votaron en contra, Vox y el concejal no adscrito recordaron que se trata de una ley aprobada en la última legislatura por un gobierno tripartito del que precisamente forma parte el grupo político proponente, lo que consideran una incoherencia, mientras por parte del PP, Quique Ruiz les acusó de sostener un “discurso desfasado”, “inmovilista” y “arcaico”, y de poner “obstáculos al desarrollo”. “Si fuera por la izquierda no habría futuro”, remarcó el popular. Jordi Segura, en representación del gobierno municipal, defendió que la ley vigente “busca simplificar la implantación de energías verdes”, así como “facilitar inversiones” en un momento de crisis energética donde “se ha puesto de manifiesto las carencias que tenemos” en esta materia, destacó. Y ante acusaciones de Guanyar de colaborar con Iberdrola para llevar a cabo el proyecto, Segura lo niega y explica que la connivencia se reduce a tramitar los informes pertinentes, en este caso de patrimonio y compatibilidad urbanística.
Señalar que según información a la que ha tenido acceso este periódico, la implantación de esta central reportaría unos beneficios para las arcas municipales de unos 300.000 euros anuales en tributos, además de un desembolso inicial de 2 millones de euros por parte de la empresa en concepto de cánon urbanístico y el impuesto de construcción.

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