Piden 52 millones a la promotora de Serelles

La urbanización inacabada de Serelles sigue sumando capítulos a su controvertida historia, con los tribunales como telón de fondo. El último se viene contando en el Juzgado de lo Mercantil Número 2 de Alicante, donde se celebra un juicio contra la promotora Luxender por el que se trata de aclarar la gestión del patrimonio y de la contabilidad. Un juicio por el que la constructora Artemisa, como acreedora, reclama a los administradores concursales un total de 52 millones de euros por su gestión desde 2008.

Conviene recordar que fue en ese año cuando se declaró en concurso de acreedores la promotora alcoyana Luxender, que impulsaba la polémica urbanización situada a los pies de la Sierra de Mariola, dejando las obras en el aire con varios afectados. Más tarde, el propietario y presidente de la promotora denunció a la administración concursal en 2014 por cobrar, presuntamente, cheques a nombre de la empresa y vender fincas a escondidas.

El caso estalló en pleno pinchazo de la burbuja inmobiliaria y entre un amplio rechazo social de un proyecto que el Ayuntamiento de Alcoy, gobernado por el PP con mayoría absoluta, aprobó en 2005, con la previsión de construir 500 viviendas unifamiliares en este paraje de alto valor ecológico, incluso de poder ampliar el plan urbanístico y triplicar el número de chalets en posteriores fases.

Ahora, en el juicio en el que están demandados diez de los responsables de la administración concursal de Luxender, se ha vuelto a poner sobre la mesa la opacidad que existía en la contabilidad de la promotora. Además, en una de las sesiones celebradas se ha hablado de los activos que tenía la empresa, entre ellos un Porsche y una plantación de 20.000 olivos en la finca Mas de Vilaplana, donde también había cerca de veinte caballos purasangre.

Con todo, hay que destacar la complejidad del proceso, puesto que solo el concurso de acreedores incluye 55 tomos y más de 20.000 folios de documentación, que pueden aportarse ahora en el juicio. Además hay doce demandados, lo que implica una gran cantidad de abogados y la necesidad de que la vista se celebre en el salón de actos del juzgado. A parte de esto, las primeras sesiones han estado marcadas por los problemas técnicos con la grabación, una situación que ha llevado al juez a denunciar la falta de medios.