Medio año de las obras para reponer la zona verde de La Rosaleda

En pocos días se cumplirán seis meses del inicio de los trabajos para reponer la zona verde de La Rosaleda –plaza de la Constitución–, y con ello, devolver a la legalidad este espacio cumpliendo con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana.

Fue a finales de este mes de enero cuando se dieron los primeros pasos de las obras, que fueron adjudicadas finalmente por 4’4 millones de euros, superando así notablemente el precio inicial –2’4 millones–, al tener que hacer una actualización después de quedar desierto el concurso en 2022.

La edil de Urbanismo, Vanessa Moltó, señala que “la obra entró en funcionamiento pleno en marzo” y que el plazo de ejecución es de 10 meses, por lo que la previsión es que “a principio de 2025 debería de estar acabado. De momento todo está evolucionando correctamente. Esperamos que los plazos se vayan cumpliendo”.

Añade que los trabajos de demolición ya han finalizado y que actualmente se está llevando a cabo el refuerzo de los pilares de la estructura, ya que “tiene que albergar la cubierta de arriba”, la cual debe de contar con cierta profundidad “para que se desarrolle bien el arbolado y la zona verde”.

Es precisamente esta cubierta superior de zona verde la que desapareció en su momento, con el proyecto ejecutado por el Partido Popular cuando gobernaba, una actuación que ha derivado en dos décadas de litigios y de trámites, y que finaliza con la reposición de esa zona, puesto que el aparcamiento se mantendrá.

CUMPLIMIENTO SENTENCIA
“Es importante recordar que estas obras vienen como consecuencia de una sentencia del TSJ. Si en su momento, con la demanda interpuesta el proyecto se hubiera paralizado y se hubiera esperado a tener la resolución de la justicia, no se hubiese hecho el parking y no se habría quitado la zona verde. Ahora tenemos que deshacerlo todo y recuperar esa zona verde. Ojalá pudiéramos destinar los recursos a otras cosas más importantes”, remarca la concejala, que además, trata de responder a la posible pregunta de la ciudadanía de por qué se ha tardado tanto en ejecutar este proyecto: “cuando entramos a gobernar, la sentencia estaba en ejecución y se sancionó a algún responsable del PP por no haber actuado. Lo que hacemos nosotros es intentar consensuar un proyecto para tratar de afectar lo menos posible, con los menores costes y tener las menores consecuencias, pero una de las exigencias del TSJ era que se devolviera la rasante existente que había antes, entonces, había que tocar el parking”.

En todos estos años, ha habido diversos ‘tiras y afloja’ en materia judicial, con la presentación de recursos y propuestas, y finalmente, cuando en 2018 se aprobó el anteproyecto por parte de La Carrasca –la que comenzó el proceso judicial con su demanda– y del TSJ, los trámites administrativos se retrasaron con un concurso desierto y una necesaria actualización de precios para poder volver a licitarlo y que finalmente se ejecutasen las obras de reposición.

Durante el proceso de demolición, Moltó detalla que se ha empleado una maquinaria que, de alguna manera, absorbe el cemento, con la que se ha tratado de reducir las vibraciones, con el propósito de “provocar las menores molestias”.

El citado refuerzo de los pilares se está realizando desde hace varias semanas, y se va avanzando progresivamente.

En cuanto al propio parking, la edil recuerda que continuarán habiendo unas 300 plazas, y que apenas se perderán entre 20 y 30.

DOS ASCENSORES
Además de la reposición de la zona verde, Vanessa Moltó indica que se va a dotar al parking de dos ascensores, una de las medidas en materia de accesibilidad, que se añadirá a otras, puesto que la idea es mejorar este aspecto a nivel generalizado en toda la plaza.