Las urbanizaciones inacabadas

No voy a hablar de las urbanizaciones de Alcoy. Voy a hablar, en general, de las urbanizaciones inacabadas españolas; que son multitud. Si consideramos que en España hay 50 provincias y dos ciudades autónomas, asignando a cada provincia 10 o 12 urbanizaciones incompletas (que obviamente las hay), es fácil llegar a la conclusión de que en España existen varios centenares de urbanizaciones inacabadas. El urbanismo expansivo de las últimas décadas del siglo XX ha dejado su rastro, tanto en las zonas urbanas, como en las rurales. Esa huella se ha producido en las comarcas costeras y también en las zonas del interior de campo o montaña. La segunda residencia, para pasar el período estival, fue un objetivo deseado por muchas familias en las décadas de bonanza económica, allí quedaron concentrados gran parte de sus ahorros. Con el paso del tiempo un porcentaje elevado de esas segundas residencias se convirtieron en “únicas” residencias, por la crisis económica general, así como por las limitaciones y ajustes presupuestarios familiares.

El optimismo económico, en ocasiones iluso, de las últimas décadas del siglo XX incitaba a pensar que esas urbanizaciones, que en realidad eran parcelaciones de terreno rústico, con acceso rodado, luz y agua; a pocos kilómetros de las urbes, quedarían absorbidas por el crecimiento de las ciudades y el resultado esperado era que todo acabaría idílicamente integrado en una malla urbana, después de la conclusión de algunos pocos servicios urbanísticos que faltaban por implementar. Pero no ha sido así. Las parcelaciones quedaron convertidas en pequeñas islas semiconsolidadas, separadas varios kilómetros de los núcleos urbanos. Y eso ha ocurrido en El Grove (Pontevedra), en la Sierra de Guadarrama (Madrid), en las inmediaciones del Delta del Ebro (Tarragona), en el Campo de Cartagena, en la campiña cordobesa o sevillana, por poner ejemplos múltiples y variados. Esos núcleos semiconsolidados no han sido recepcionados por los Ayuntamientos. A efectos de mantenimiento de sus instalaciones urbanísticas, la no recepción por la Administración, conlleva su no inclusión en sus presupuestos para absorber los gastos de mantenimiento y mejora de sus instalaciones urbanísticas. Pero ¡oh casualidad!, eso sí, los propietarios de las viviendas unifamiliares que componen esas zonas semiconsolidadas sí que pagan puntualmente, desde hace muchos años, el IBI y la tasa de basura correspondiente de sus inmuebles, así como la totalidad de los impuestos que según la ley les corresponde en su Declaración Anual de la Renta. Se trata de una circunstancia descompensada e injusta, especialmente para el ciudadano que posee una única vivienda en el campo o montaña, pues se le duplican casi por dos los costos de mantenimiento de la “urbanización” donde vive todo el año; pues, paga directamente esos costos de mantenimiento… y, además, paga también indirectamente el mantenimiento de los servicios urbanísticos (vía impuestos) del núcleo urbano próximo a la “urbanización”. Resumiendo; paga los gastos de “donde vive” y de “donde no vive”. Allí donde vive, el Ayuntamiento le recoge la basura como un acto de benevolencia, que el vecino deberá pagar y agradecer sumisamente. La prolongación en el tiempo de este hecho social descrito provoca un laberíntico “limbo” legal-urbanístico-impositivo; que beneficia obviamente a la Administración.

No obstante, se empieza a ver como una luz al final del túnel, en el sentido de que se están produciendo ya frecuentes y reiteradas sentencias judiciales diversas que reconocen que el “culpable de todo” no siempre es el administrado, sino que en algunas ocasiones el culpable es la Administración. Viene aquí a colación aquella definición sencilla y clara de que la justicia consiste en “atribuir y dar a cada cual lo suyo”. Repartidas por múltiples comarcas españolas centenares de urbanizaciones inconclusas, no recepcionadas, se encuentran en ese “limbo” desde hace cuatro o cinco décadas. Esa situación perjudica los intereses de los administrados y descarga de gastos a la Administración. Sería deseable que la propia Administración reconociera esta descompensada y compleja circunstancia, dado que ella misma está compuesta por ciudadanos particulares; que tienen a su vez también la condición de “administrados”. Una autocrítica profunda y equilibrada nos vendría muy bien a todos, a la Administración y a los administrados; sería como un gran pacto y avance social, pues, pondríamos todos los pies en el suelo como un acto de realismo y dejaríamos de estar, donde estamos: en el “limbo”.

Frecuentemente, dentro de ese “limbo”, se oyen voces a modo de “cantos de sirena”, que nos hablan de las Entidades Urbanísticas de Conservación compuestas por propietarios particulares; esas entidades tienen por objeto asumir temporalmente la función de mantenimiento que le corresponde a los Ayuntamientos. Por fortuna, deben de tener un tiempo limitado de actuación, y estar sometidas a un pacto inicial claro que comprometa tanto a los administrados como a la Administración; pues se pueden convertir en algo permanente, manifiestamente injusto para los administrados. Incluso pudiera ser, si no se cumplen determinadas condiciones, que carezcan de legitimidad o validez, aunque estén constituidas; así está expresamente indicado, tanto en la legislación urbanística de la Comunidad Valenciana, como en la correspondiente jurisprudencia. Ante esas voces seductoras, el paciente ciudadano, por prevención; se pone en guardia.

JORGE DOMÉNECH ROMÀ. Exprofesor de la Universidad de Alicante y escritor