Las obras que devolverán a la legalidad la Rosaleda tras 20 años

Veinte años han pasado desde que se inaugurara el aparcamiento subterráneo de la Rosaleda, construido por una UTE compuesta por las empresas Ortiz e Hijos y Auplasa, y con él, la remodelada plaza de la Constitución, un proyecto que no estuvo exento de polémica desde el principio. Y es que aquella obra supuso la práctica supresión de la antigua zona verde, motivo por el cual vecinos y ecologistas se opusieron a ella y acabaron llevando a los tribunales al gobierno municipal de entonces, del Partido Popular.

En septiembre de 2005, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana emitía una sentencia en la que se cuestionaba de forma clara el proyecto y dos años después, tras recurrir el Ayuntamiento, llega la ratificación por parte del Supremo: habrá que reponer la zona verde y devolver la plaza al estado que tenía antes de iniciarse las obras.

“Con esta actuación resolveremos una ilegalidad”, remarcaba la pasada semana la actual concejala de Urbanismo con motivo del inicio de las obras para cumplir con el fallo judicial, Vanessa Moltó, quien añadía que “la culpa no es de los ecologistas que lo denunciaron, es culpa de quien gobernaba en aquel momento”.

Hay que recordar que hasta llegar a este punto en que la reposición de la zona verde está a punto de hacerse efectiva, el Ayuntamiento no solo ha tenido que salvar obstáculos judiciales. A principios del año pasado, con un proyecto ya viable técnicamente y consensuado, pendiente de ejecutar desde 2020 fundamentalmente por la falta de fondos –recordemos que se ha pedido un crédito para poder financiar la actuación–, se declara desierto el concurso de las obras, ya que ninguna empresa se presenta a la licitación.

El incremento de precios parece estar detrás una vez más, lo que obliga a revisar el proyecto y actualizar el presupuesto, que termina por duplicar el coste pasando de 2’4 millones de euros a casi 4’7. Finalmente, la obra fue adjudicada por 4’4 millones.

Por otro lado, el pasado julio el Ayuntamiento recibía un nuevo tirón de orejas por parte del TSJ, que exhortaba a la administración municipal a iniciar la reposición de la zona verde en el plazo de un año, contando a partir del 25 de abril. Aunque posteriormente aceptó un recurso del consistorio alcoyano ampliando el periodo en tres meses, el alto tribunal aprovechó, al mismo tiempo, para lanzarle duros reproches.

El TSJ echaba en cara al Ayuntamiento que, transcurridos 16 años desde que el Supremo ratificó la sentencia que obligaba a devolver el parque de la Rosaleda a su estado original, todavía no hubiese cumplido con ello y “aparentara meramente que se ejecuta la sentencia”, señalaba en un escrito hecho público por La Carrasca.

Con todo, tras la segunda licitación de las obras ya no se han producido más retrasos en el proyecto y el Ayuntamiento, al que se le emplazó a tener en marcha los trabajos correspondientes antes del 4 de julio de este año, ha podido, finalmente, acatar el dictamen dentro de plazo.

Calendario y escultura
Respecto al calendario de la obra propiamente, el periodo de ejecución es de diez meses y hay que tener en cuenta que hasta el 1 de marzo tanto el parking como el quiosco permanecerán abiertos. El aparcamiento deberá de cerrar durante ocho meses, mientras que el negocio de hostelería ahora acaba la concesión y se aprovechará este tiempo para hacer todo el proceso de licitación de cara a que pueda abrir cuando acabe la obra de la plaza.

Otra novedad es que la escultura de San Jorge, que se barajó trasladar a otra ubicación, continuará finalmente en la plaza, aunque en la parte inferior, más próxima a la Alameda Camilo Sesto. Además, el monumento de José Gozalvo, será restaurado mientras duren los trabajos en la Rosaleda.

En cuanto a los cortes de tráfico, solo habrá que hacerlos de forma muy puntual para sacar material del interior. Según informa el Ayuntamiento, se avisará con una antelación de una semana y, si hay alguna situación de urgencia, con un mínimo de 48 horas.