La Generalitat demanda al Patronato de la extinta Fundación de Turismo
Tras disolverse en 2012, le reclama los 103.000 euros de la dotación fundacional para la liquidación definitiva de la entidad
La Generalitat Valenciana ha demandado al Patronato de la extinta fundación de turismo ‘Alcoy Puente de Culturas’, que fue creada en 2006 bajo el mandato del entonces gobierno de Jorge Sedano (PP) y de la mano de la concejala Amparo Ferrando. La integraban un total de 23 patronos, entre los que figuraba el Ayuntamiento, la Associació de Sant Jordi y la Cámara de Comercio, junto a entidades y empresas de la ciudad. Contaba con ocho personas en plantilla y se encargaba de la gestión de cuatro museos: el de la Festa, Explora, Refugio de Cervantes y Museo Arqueológico.
Fue disuelta a principios de 2012 debido, por un lado, al alto coste que generaba su funcionamiento y, por otro, a los problemas que presentaba la legalización de la actividad de la fundación, una entidad privada que se encargaba de la gestión de espacios expositivos públicos. Con estos argumentos en la mano, el recién llegado gobierno tripartito, junto con el Patronato del que dependía la Fundación, toma la decisión de iniciar el proceso de liquidación, el cual ahora se ha sabido que no llegó a concluir por una serie de irregularidades detectadas en 2018 por la administración autonómica.
Según el escrito de la demanda al que ha tenido acceso este periódico, el Protectorado de Fundaciones de la Generalitat Valenciana –órgano del que dependía en última instancia la entidad alcoyana– no ha podido proceder a la liquidación del patrimonio fundacional de Alcoy Puente de Culturas, una cantidad que asciende a 103.000 euros. El motivo es que el Patronato de la Fundación no ha cumplido con la obligación legal de rendir cuentas ante la Generalitat, ni de los ejercicios, ni de presentación de los planes de actuación desde el año 2008, así que la demanda actual busca exigir a los patronos “la responsabilidad de rendir cuentas acerca del destino dado a la dotación fundacional”.
Cabe señalar que la denuncia presentada por la abogacía de la Generalitat se dirige a los miembros del Patronato en el momento de la disolución de la Fundación, incluyendo a personas ya fallecidas, como el entonces presidente de la Associació de Sant Jordi, Javier Morales, incluso empresas que ya no existen, caso de la mercantil Luxender –promotora de Serelles–. También está implicada la entonces concejala de Turismo, la socialista María Llopis (actualmente retirada de la actividad política), así como el actual alcalde, Toni Francés.
Preguntado por este asunto, el primer edil lo califica como “una más de las herencias envenenadas del Partido Popular”. Francés recuerda que “cuando llegamos al gobierno había una deuda de 140.000 euros que tuvimos que asumir”. En total, el proceso de liquidación tuvo un coste aproximado de 180.000 euros.
El alcalde, que se muestra confiado en poder “demostrar” lo que ocurrió para salir indemne de este proceso, reprocha la gestión de la Fundación por parte de Fernando Pastor, anterior responsable del departamento, y su asesor de turismo en aquel momento, el actual portavoz popular, Carlos Pastor, a quienes culpa de la “quiebra” de la entidad.