La Carrasca exige el análisis y una eventual descontaminación una vez retiren la campa de Muro
Critican la falta de diligencia de las administraciones responsables
Desde principios de año, centenares de vehículos siniestrados a causa de la DANA del pasado 29 de octubre, han permanecido amontonados en una parcela del término municipal de Muro, a escasos metros del río Agres. La Carrasca ha denunciado reiteradamente la situación, destacando los riesgos ambientales que representan y exigiendo su pronta retirada.
Según los ecologistas, el emplazamiento donde se han acumulado los coches es un terreno no urbanizable, colindante con el Paisaje Protegido del Serpis y el Paraje Natural Municipal Font del Baladre-Fontanars-Riu d’Agres. Además, informes técnicos señalan que el suelo presenta una permeabilidad media y alta, con zonas catalogadas de riesgo de inundación, lo que agrava la posibilidad de contaminación del entorno.
El principal peligro radica en que los vehículos siniestrados contienen sustancias altamente contaminantes, que podrían filtrarse al suelo y alcanzar las aguas superficiales y subterráneas. Esta situación llevó a La Carrasca a interponer denuncias ante el juzgado de guardia y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), entidad que ha reconocido el riesgo de contaminación e instó al propietario de la parcela a retirar los automóviles, el pasado 5 de febrero.
Asimismo, la Conselleria de Medio Ambiente inspeccionó la zona el 13 de enero y acordó trasladar los vehículos a otro emplazamiento más seguro para evitar daños ambientales. No obstante, semanas después, centenares de coches siguen en el terreno, incrementando la preocupación de los ecologistas, especialmente tras las lluvias recientes.
La Carrasca ha criticado la falta de diligencia por parte de las administraciones responsables, incluyendo la CHJ, la Conselleria y el Ayuntamiento de Muro. Exigen que, una vez desalojada la campa, se realicen análisis exhaustivos del suelo y, en caso de detectar contaminación, se proceda a la descontaminación inmediata para evitar daños irreversibles al ecosistema y la salud pública.
El colectivo advierte que este caso es un ejemplo de la falta de control y supervisión en cuestiones medioambientales por parte de la administración. En este sentido, alertan de que situaciones similares podrían ocurrir en futuros proyectos, como la posible construcción de un polígono industrial en La Canal, donde una fuga de sustancias contaminantes podría comprometer el abastecimiento de agua potable en Alcoy.