La ampliación del polideportivo, en el punto de mira
La legalidad del nuevo campo enfrenta a gobierno y grupo popular
![Nuevo campo de césped](https://www.elnostreciutat.com/wp-content/uploads/2020/10/1-3-1024x683.jpg)
El debate político se ha ampliado estos días hasta la práctica deportiva. El motivo de discordia de los dos principales partidos de la ciudad –PSOE y PP– ha sido la construcción del nuevo campo de césped artificial, pendiente aún de inauguración. Mientras que el grupo popular, a través de su portavoz Enrique Ruiz, observa irregularidades solicitando al alcalde Toni Francés que aclare la propiedad de los terrenos sobre los que se asienta la ampliación del polideportivo Francisco Laporta, el gobierno municipal defiende la legalidad del proceso que ha acompañado todo el proyecto.
IMPAGO REITERADO
Según denuncia el PP, los propietarios de los terrenos se han dirigido al Ayuntamiento para reclamar el pago del alquiler por la ocupación del suelo y para negociar la venta de los terrenos. En un comunicado se explica que “los propietarios advierten de que el contrato firmado en 1981 con el Ayuntamiento para el uso de las parcelas lindantes con el polideportivo está extinguido por la expiración del plazo legal como por el impago reiterado del alquiler”.
Para Ruiz es inaudito que el gobierno de Toni Francés “ponga en riesgo el nuevo campo y los 800.000 euros invertidos” por no saber de quién eran los terrenos en los que estaba prevista la ampliación del polideportivo. A su vez lamentó la posición de debilidad en la que queda el Ayuntamiento a la hora de negociar una posible compra o alquiler del terreno como plantean los propietarios. “Cuánto está dispuesto a pagar el alcalde ahora que el campo ya está prácticamente acabado”, se preguntó al tiempo que avanzaba que “de confirmarse que el suelo no es del Ayuntamiento, no dudaremos en exigir responsabilidades”.
El concejal popular no entiende cómo el gobierno no certificó la propiedad del suelo antes de iniciar la obra, pendiente desde 2014. “Desde que vienen hablando de la Ciudad Deportiva del Alcoyano han tenido suficiente tiempo para hacer todas las averiguaciones”. El proyecto de ampliación del polideportivo cuesta 690.000 euros, a los que hay que sumar los vestuarios prefabricados, que saldrán a concurso por 166.000 euros.
FALLECIMIENTO DE LA PROPIETARIA
El gobierno municipal, a través del concejal de deportes Miguel Juan Reig, defiende que “en ningún momento nos hemos negado a hablar con los herederos, simplemente pedimos que se aclare esta cuestión y que en caso de que existan realmente, se acredite como corresponde. Desde el gobierno municipal defendemos que el proceso llevado a cabo es totalmente legal”.
El edil se remonta al primer gobierno democrático, con Miguel Valor como concejal de deportes, la firma del convenio de cesión de los terrenos. “Entonces se acordó una cesión infinita, siempre y cuando fuera para uso deportivo. A su vez se acordó el pago una cantidad en concepto de arrendamiento de por vida que se fue pagando periódicamente. El problema vino cuando falleció la propietaria. Nadie dio señales de vida y hay un informe jurídico de 2007, con el PP en el gobierno, por el cual se dejó de pagar por no haber herederos”.
ALQUILER DE 54.000 PESETAS
En el comunicado donde se defiende la legalidad del proceso, se indica que en el convenio suscrito en 1981 con la propietaria, se estableció un alquiler de 54.000 pesetas que se pagaban cada tres meses, una cuota que se estuvo pagando hasta que la propietaria falleció y nadie reclamó el mismo. Ni en aquel momento ni durante todos los años posteriores, ningún heredero reclamó los terrenos ante el Ayuntamiento, ni aceptó la herencia, tal y como consta en el Registro de la Propiedad donde la propietaria continúa siendo la propietaria anterior.
Igualmente se contempla en el escrito que el proceso contó con todos los requisitos administrativos pertinentes, entre los que estaba la exposición pública del proyecto a la que cualquier persona podía alegar. Por su parte, María Baca, concejala de patrimonio municipal, ha mostrado su preocupación “por la corriente que trata de atacar al trabajo técnico del funcionariado queriendo utilizar como arma política el criticar asuntos técnicos que están bien hechos”.