La abogacía reclama medidas para solucionar los retrasos en justicia

El año 2023 comenzó con un revés para el servicio público de justicia con la convocatoria de una huelga por parte de los letrados de la Administración de Justicia (LAJ), la cual fue seguida por la de jueces y fiscales, y finalmente, son los funcionarios de justicia los que se han mantenido firmes, hasta esta semana –que se ha desconvocado por parte de los sindicatos, pero se mantienen algunas protestas para este mes de julio, y se prevé que se retome cuando se forme el nuevo Gobierno de España–, en la convocatoria de huelga, si bien los dos primeros colectivos citados llegaron a un acuerdo y dieron por finalizado el paro.

Ante esta sucesión de hechos, la abogacía española se concentró la pasada semana a las puertas de los respectivos juzgados para reclamar un acuerdo que “reactive de forma inmediata el servicio público de justicia, y medidas urgentes para resolver los inadmisibles retrasos ya acumulados”.

En Alcoy fueron alrededor de una treintena de abogados los que se sumaron a esta convocatoria de los 83 colegios de abogados de España.

“DÉFICIT HISTÓRICO”
El Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Alcoy, Ricardo de la Encarnación, fue el encargado de leer un manifiesto en el que se hacía alusión al “déficit histórico y estructural que el servicio de justicia arrastra desde hace décadas”, al cual se le han sumado las distintas huelgas mencionadas.

En el caso de la última de ellas, la de los funcionarios de justicia, de la Encarnación señala que “en los partidos judiciales de Alcoy e Ibi –que es el ámbito de actuación del Colegio de Alcoy– la incidencia está siendo mínima”, pero que si anteriormente ya existían retrasos, con las distintas reivindicaciones que está habiendo durante este año, la situación ha empeorado y remarca “el daño” que se causa “al justiciable con la paralización”.

Ricardo de la Encarnación argumenta, sobre el turno de oficio, que “no hay ninguna persona que no sea atendida por un letrado”, dejando al margen la situación que envuelve a la justicia.

A nivel del Juzgado de Alcoy, el nº4, el Decano del Colegio de Abogados de nuestra ciudad indica que “no tiene LAJ, porque no ha sido proveída esa plaza”, por lo que aunque hay determinados días en los que viene personal de otros juzgados a realizar estas labores, hay “acumulación de expedientes” y que esto repercute por ejemplo en que si hay “una condena de un pago de X cantidad económica, es el letrado de la Administración de Justicia el que debe firmar el mandamiento, y hasta que no se firma, no se cobra”, entre otros aspectos de los que se encargan los LAJ, cuya huelga de principios de este año provocó “la paralización de 500.000 procedimientos en toda España”, según apunta.

De la Encarnación hace referencia a que pese a que “la justicia es uno de los pilares básicos del Estado de Derecho, nunca oyes hablar de ella”.

Por todo ello, en el manifiesto leído en las distintas concentraciones de los abogados esta semana se reclamaba “un Pacto de estado tras las elecciones generales del 23 de julio, que permita crear un servicio público, efectivo y de calidad, durante la próxima legislatura”.

El decano del Ilustre Colegio de Abogados de Alcoy remarca que es importante que “la justicia tenga la misma relevancia que tienen otras administraciones, como la sanidad o la educación”.

Y es que, la abogacía lo que reclama es una intervención para revertir la “parálisis” existente en la justicia, si bien no están en contra de las reivindicaciones y huelgas o paros de los colectivos citados.

“Hace falta transformar la administración de justicia en un verdadero servicio público de calidad, que mejore la seguridad jurídica en sociedad y genere confianza a la ciudadanía”, se indicaba en el manifiesto, en el que se afirmaba de forma rotunda que “sin justicia no hay democracia ni libertad. La pronta solución de la parálisis (…) es una cuestión de Estado”, puesto que dicha parálisis “afecta gravemente a la vida de decenas de miles de personas”.

En el citado manifiesto se hizo referencia además a que la abogacía lleva “décadas reclamando una reforma profunda y duradera de la justicia”.

Finalmente, se leyó un decálogo de algunas de las cuestiones básicas que se solicitan y que hacen referencia tanto a recursos humanos como económicos, además de otros aspectos como “la mejora sustancial de la ejecución de las resoluciones judiciales en todos los órdenes jurisdiccionales” o “la racionalización de los métodos de trabajo de la Administración de Justicia”, entre otros.