El juez deberá determinar si hubo mala praxis en Domus Vi tras finalizar ayer el juicio

Después de siete vistas, el juicio civil por la demanda interpuesta por 46 familiares, de 18 residentes de Domus Vi Alcoy por los fallecimientos que hubo en dicho geriátrico en las primeras semanas de la pandemia de la Covid-19, llegó ayer a su fin con la exposición de las conclusiones de ambas partes, la demandante y la demandada –la empresa gestora de Domus, Quavitae, y la aseguradora, Mapfre–.

Dichas conclusiones fueron totalmente contrapuestas. Por un lado, el de los demandantes, la abogada defendió firmemente la “falta de organización, gestión, sobre lo que ya se había advertido. Esa falta de deber, de cuidado de personas mayores a su cargo, y la falta de personal es lo que desató la gran cantidad de contagios”, llegando a afirmar que la empresa “prioriza la economía en lugar del trato de los residentes”, una afirmación compartida por el presidente de la Asociación de Familiares Afectados de las Residencias Domus Vi Alcoy y Cocentaina, José Luis García, quien, al finalizar la vista de ayer señaló: “Domus Vi llevaba tiempo anteponiendo el acopio de beneficio económico a la atención y cuidado de los usuarios. Cuando quisieron implementar las medidas pertinentes habían llegado tarde y ya no hubo manera de parar el reguero de muertes”.

Asimismo, la letrada de la parte demandante, defendió la validez de los argumentos de los peritos aportados: “son los únicos especialistas en geriatría, los dos únicos médicos que enfrentaron la pandemia dentro de uno o varios centros y son conocedores de las necesidades”, los cuales “identificaron fallos en la gestión”. “El informe pericial establece nexo causal entre la gestión de Quavitae y las consecuencias trágicas”, añadió.

Durante las vistas del pasado viernes, este lunes y martes, a las que acudieron peritos de Quavitae y de Mapfre, se llegó a indicar que lo ocurrido se debió al azar y no a una mala praxis o por la gestión hecha: “¿alguien puede pensar que esto es cuestión de suerte? La mala suerte fue que estos residentes formaran parte de Domus Vi Alcoy”, recriminó la letrada.
La parte demandante volvió a alegar “la falta de documentación” por parte de los demandados, con “la intención de entorpecer” el procedimiento e hizo hincapié en los testimonios de los testigos aportados.

Del mismo modo, señaló que “la falta de personal previa y las sanciones han quedado sobradamente acreditadas” y cuestionó que Quavitae no solicitase al médico de Domus Vi como testigo pese a ser “una prueba fundamental para la defensa” a la hora de explicar o ratificar los argumentos aportados.

Indicar que, los abogados de los familiares se reafirmaron en solicitar el pago de las costas procesales a los demandados y al pago de una indemnización de 2’3 millones de euros –es la cantidad prevista inicialmente, aunque los abogados instaron al juez a que, en caso de considerarla oportuna, que él estimase la cuantía estimada–. Por la parte contraria, se solicitó la desestimación íntegra de la demanda y la condena de pago de las costas a la parte demandante.

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