El gobierno renuncia a recurrir la sentencia de la peatonalización por no entrar en guerra con los vecinos

Esto supone aceptar la anulación de la ordenanza y por tanto devolver el tráfico a las calles

El gobierno renuncia a recurrir la sentencia de la peatonalización por no entrar en guerra con los vecinos
Ambiente que mostraba el jueves por la tarde la calle Sant Llorenç, una de las afectadas por la reversión que volverá a su estado original. | XAVI TEROL

El gobierno municipal (PSOE y Compromís) ha cambiado de opinión y da marcha atrás en su anuncio de recurrir la sentencia favorable a los vecinos que anula la ordenanza de peatonalización del Centro. El motivo de este giro de acontecimientos no es otro que la negativa del gobierno a entrar en guerra con los denunciantes. “No vamos a recurrir la sentencia porque no queremos que este asunto suponga una fractura social. Como dijo el alcalde, Toni Francés, al inicio de la legislatura, este gobierno quiere afrontar este nuevo periodo con humildad y diálogo, escuchar a la gente y tender lazos para un mejor entendimiento”, señalaba el concejal de Movilidad, Jordi Martínez, en una comparecencia que tuvo lugar en la mañana del jueves.

Y añadía: “Hemos escuchado a los vecinos expresarse en términos de ‘guerra’ y ‘batalla’ judicial y el Ayuntamiento de Alcoy y este gobierno no quiere estar enfrentado con nadie. Con la judicialización de este asunto y con una sentencia, favorable o desfavorable, perdemos todos como sociedad y eso no es lo que buscamos con la peatonalización”.

Con todo, y pese a que Martínez puntualiza que con esta decisión el gobierno municipal no está renunciando a la peatonalización, la medida supone aceptar la nulidad de la ordenanza, tal y como declaró el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) y, en consecuencia, iniciar el proceso para revertir los cambios que se introdujeron en el tráfico rodado del Centro, hace dos años y medio, restableciendo así la circulación en todo el ámbito de la peatonalización, que recordemos afectaba a unas veinte calles del casco antiguo.

Esta circunstancia plantea problemas en parte del sector hostelero de la zona, especialmente en las calles adyacentes a Sant Francesc y Sant Josep, que habían aprovechado la peatonalización para sacar terrazas al exterior de sus establecimientos. “Ahora va a haber gente a la que la retirada de la peatonalización puede afectar a su negocio. Hay que se empáticos con ellos también”, señala el presidente de la asociación de comerciantes Al Centro, Alejandro Cerro, quien asume que “esto, como todo, tiene dos caras y nunca llueve a gusto de todos (…) A lo mejor mucha gente a favor que no se ha significado de forma clara, ahora lo hace”, pero en la entidad “hay gente en contra y mucha a favor. Se ha politizado el tema. Es falso que todo el comercio esté en contra de la peatonalización, como se ha dado a entender por parte de algunos”.

María José Francés, de Guaita, es una de las que se ha mostrado públicamente partidaria desde el principio, por lo que ahora no oculta su disgusto: “Habrá que sentarse a hablar, pero empecemos ya”. Y explica su postura: “Yo estoy a favor porque me ha beneficiado, hago más caja que cuando estaba en el Ensanche, y la mayoría de clientes me han felicitado por el cambio, ven esta tienda más accesible”.

Finaliza apuntando que “ha habido una campaña dando a entender que la peatonalización estaba mal hecha y por eso ha habido una sentencia en contra, y esto no es así, es un defecto de forma, así que vamos a sentarnos y hacerlo bien ahora”, insiste. Hay que recordar que el alto tribunal revoca la ordenanza por un defecto de forma, no entrando a “cuestionar la peatonalización, sino que simplemente señalaba que la documentación expuesta en la consulta pública del proceso participativo había sido insuficiente”, remarcaba el edil de Movilidad en rueda de prensa.

También dejaba patente su malestar otra comerciante de la calle Sant Llorenç, Sole Casas, propietaria de Koketo. “Nos han usado como arma política, pero las consecuencias las pagamos nosotros (…) Yo soy comerciante y vivo en el Centro y estoy a favor de la peatonalización. Nos ha costado mucho llegar aquí (…) Creo que se debería recurrir la sentencia (…)Si se tiene que hacer más pronto que tarde, ¿por qué echarla atrás ahora?”.

“Es absurdo”, expone otro comerciante, “creo que se deberían haber valorado los pros y los contras antes de revertir la situación, esto no beneficia a nadie”, se queja Miguel Company, de Óptica Núria.

Sin embargo, también entre los empresarios del sector hay opiniones de rechazo a las medidas de peatonalización. “Se ha empezado la casa por el tejado, no hay facilidad de aparcamiento, falta accesibilidad, primero las infraestructuras necesarias y después peatonalizar. Primero habría que dinamizar, hay muchos comercios cerrados (…) Hemos perdido a la comarca, sobre un 40%, los clientes me dicen que falta aparcamiento y señalética”, comenta Rafa Pérez, que en este caso habla como presidente de la Asociación Comarcal de Empresarios del Comercio de Alcoy (ACECA).

ORDENANZA DE BAJAS EMISIONES
En palabras del concejal, “vamos a trabajar a conciencia para buscar un punto de acuerdo entre todos”. Para ello, se aprovechará la elaboración de la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones, de la que Alcoy está obligada a disponer por ser una ciudad de más de 50.000 habitantes. En este sentido, se va a redactar un estudio en profundidad que constate el estado en el que se encuentra el municipio y detalle las soluciones que se puedan adoptar, mediante un proceso de participación ciudadana.

Pero de momento, la ordenanza de peatonalización dejará de estar vigente de forma inminente. Primero, el gobierno municipal llevará al Pleno de noviembre la decisión y una vez salga adelante, esta se comunicará al juzgado. A partir de ahí empezará a eliminarse la señalización y la circulación volverá progresivamente a su estado original en las calles afectadas.

“Las 50 personas que pusimos la denuncia hacemos una valoración positiva, estamos muy contentos. Es un recurso que estaba perdido de antemano. Pensamos que es un buen paso hacia el diálogo”, declara Cristina Richart, portavoz de Centro Digno, que preguntada por cuál es la principal reivindicación de la plataforma, responde: “Queremos un acceso restringido excepto para residentes, como en otras ciudades”.

Y respecto al posible perjuicio económico para los locales con terraza que se vean obligados a retirarla debido a la sentencia, Richart comenta que “yo tengo muchos amigos hosteleros, los vecinos no se opondrán nunca a que haya terrazas, pero esto ha sido un ‘divide y vencerás’, nos han enfrentado, esa es la conclusión a la que hemos llegado”, asegura.

Puede leer más reacciones en el artículo completo publicado en la edición en papel de El Nostre del sábado 21 de octubre de 2023.

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