El gobierno quiere llevar al Pleno la gestión indirecta del agua
La intención es que la propuesta llegue al salón plenario antes de final de año
El actual contrato del agua con la mercantil Aqualia fue firmado en julio del 2000 con una vigencia de 20 años prorrogables por períodos de un año. Mientras, la concesión del alcantarillado data del verano de 2018 y finaliza el próximo año, por lo que se quiere aprovechar para unir ambos servicios y decidir la fórmula de gestión conjuntamente.
Una vez presentado el informe de viabilidad sobre la modalidad de gestión directa que, cabe recordar, se realizaría a través de la empresa pública local puesta en marcha por el Ayuntamiento, el gobierno municipal ha entregado este estudio a los grupos de la oposición municipal y el siguiente paso será llevar la propuesta al pleno para que pueda ser debatida.
A la vista de los resultados del informe, el gobierno municipal plantea optar por un nuevo contrato de servicios, puesto que “son más los aspectos negativos que positivos en el caso de la municipalización” remarca el concejal de Obras y Servicios, Jordi Martínez, quien destaca el sobrecoste de asumir el Ayuntamiento la gestión directa, a la vez que incide en otros inconvenientes derivados como subir las tarifas o “no podríamos realizar inversiones para la mejora de la red en al menos tres años”, indica.
Martínez avanza que la intención es convocar un pleno extraordinario en diciembre para tratar esta cuestión, y si sale adelante la propuesta del gobierno municipal, elaborar el pliego de condiciones del nuevo servicio durante el primer trimestre de 2022 y sacarlo a concurso dentro de este período.
Aunque tras conocer los resultados del informe de viabilidad aún no ha habido pronunciamiento público por parte de los grupos de la oposición, por todos es sabido que tanto Guanyar Alcoi como Podem se han mostrado partidarios de forma reiterada de la recuperación de servicios públicos por parte del Ayuntamiento, y la gestión del agua potable era uno de ellos. De hecho, Podem condicionó hace dos años su apoyo a los presupuestos municipales del gobierno socialista a la creación, precisamente, de una empresa pública para remunicipalizar servicios públicos como el agua o el autobús, ambos ahora en proceso de revisión.