El Ayuntamiento crea un protocolo para actuar en viviendas ocupadas
El problema de la ocupación de inmuebles con aparente estado de abandono está siendo objeto de estudio por parte del departamento de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Alcoy, que al igual que en el conjunto de España y en especial, las grandes ciudades, ha ido en aumento en los últimos años. Por este motivo, el Consistorio alcoyano ha trabajado en la creación de un protocolo de actuación en caso de ocupación ilegal de viviendas.
Se trata de un documento marco encaminado a coordinar el trabajo de los distintos departamentos municipales implicados en el problema de los pisos ocupados, tanto si se trata de propiedades privadas como de viviendas municipales, sobre todo en este último supuesto, porque en el caso anterior el Ayuntamiento no puede actuar directamente y la responsabilidad recae en primera instancia sobre el titular del inmueble. Los departamentos que toman parte en casos de ocupación ilegal son los de Policía Local, Vivienda, Patrimonio y Servicios Sociales, y según explica el concejal de Seguridad Ciudadana, Raül Llopis, el nuevo protocolo de actuación y coordinación entre departamentos “ya ha servido para proceder en algún que otro caso y ha demostrado ser un instrumento eficaz”.
Cuando se produce la ocupación de una vivienda municipal, es importante detectar con rapidez dicha situación para “sacar a las personas que han ocupado el piso lo más pronto posible”, puesto que “el problema viene cuando esta ocupación ya se ha consolidado”, destaca Llopis. Por esta razón, “es importante la colaboración ciudadana, porque cuanto antes identifiquemos la situación de ocupación, más fácil será solucionar el problema”, incide.
El edil indica que en estos casos se les proporciona a los inquilinos que han ocupado la vivienda de forma ilegal “toda la información sobre el delito que pueden estar cometiendo, a veces el inmueble incluso no reúne las condiciones de salubridad necesarias, y no hablemos del problema cuando hay menores de por medio, por eso se les presta asesoramiento legal y si la situación de ocupación se resuelve en menos de 48 horas, para el Ayuntamiento es más sencillo actuar”.
Mientras, si se da una ocupación ilegal en una propiedad privada, es el titular de la misma el que tiene que asumir el problema. “No quiere decir que nosotros no tengamos responsabilidad, pero si no hay una denuncia formal del propietario ante la Policía Nacional y se inicia el proceso judicial, las quejas vecinales sirven para poco. Nosotros nos ponemos a disposición de los vecinos para ayudar en lo que podamos, pero insisto en que es el propietario el que debe denunciar”, subraya.
Otra cuestión relacionada con la problemática en caso de la ocupación de propiedades privadas es el de los inmuebles que dependen de entidades bancarias, algunas embargadas u otras clausuradas simplemente, y por tanto en desuso. En estas ocasiones se tramitan requerimientos y se notifica a los bancos que el inmueble en cuestión está siendo objeto de esta situación ilegal, si bien aquí el problema es aún más complicado de resolver.
El concejal de Seguridad resalta la importancia de trabajar en esta línea, como también la necesidad de mantener contacto directo con los vecinos y que estos trasladen al Ayuntamiento sus denuncias con la mayor rapidez posible. Al mismo tiempo, Llopis destaca que la ocupación ilegal no es un problema generalizado en esta ciudad, como tampoco afecta únicamente al Centro. “Hay que eliminar este estigma que condena al centro histórico y aunque no podemos obviar la realidad, los casos de los que tenemos constancia son puntuales y hay que ser prudente”, concluye.
Foto: Vecinos de la calle Casablanca denunciaron recientemente la existencia de viviendas ocupadas ilegalmente | Archivo