El Ayuntamiento aprueba la última prórroga antes del nuevo contrato del autobús

El gobierno municipal, con el apoyo de Podem, Ciudadanos y el concejal no adscrito, ha sacado adelante este lunes la segunda y última prórroga del contrato de autobús urbano, que sigue vigente pero se encuentra en proceso de renovación. En la votación del pleno extraordinario celebrado esta mañana, PP y Vox se han abstenido, mientras que Guanyar y Compromís han votado en contra argumentando falta de gestión por parte del gobierno de Toni Francés.

Recordar que el actual contrato es de veinte años prorrogable año a año durante un total de 30. En este sentido, el concejal de Movilidad del Ayuntamiento, Jordi Martínez, ha remarcado que esta prórroga «no tiene componente político», sino que se trata de un trámite «administrativo» y «necesario» para seguir con el contrato de manera legal. Además, ha incidido en que la intención es tener preparado el contrato durante este año de prórroga, para que el nuevo servicio se pueda poner en marcha en el verano de 2022.

Cabe señalar, según hacen hincapié desde el gobierno municipal, que la actual concesión estipula que la empresa adjudicataria puede solicitar en los últimos seis meses de contrato, una prórroga de hasta diez años más para la explotación de las líneas. Para ello, la concesionaria tuvo que presentar un proyecto, que fue el que entre otros aspectos planteaba la posibilidad de suprimir el servicio en el Centro de la ciudad. Esta propuesta no contó con el visto bueno del gobierno municipal, que encargó al personal técnico del Ayuntamiento la redacción del nuevo contrato, iniciando para ello un proceso participativo que sigue en marcha y del que ya ha surgido una primera propuesta de remodelación de líneas.

Esta propuesta, sin embargo, no convence al Partido Popular, que durante el Pleno ha justificado su abstención en que el anteproyecto del nuevo servicio responde a «un modelo prácticamente como el que hay ahora» y que, a su juicio, presenta «carencias». En este sentido, habla de que barrios como la Font Dolça, Batoi, o «la zona central del Centro» quedan «desabastecidas» según la propuesta planteada por el departamento de Movilidad. Al respecto, Jordi Martínez ha indicado que se estudiarán «todas las necesidades que nos planteen los vecinos».

Finalmente, el gobierno municipal ha aceptado varias condiciones por parte de Podem, que ha exigido un informe jurídico que garantice la viabilidad del nuevo contrato, como también que este tenga «la duración mínima posible» –cuatro años–, ya que el «objetivo» de la formación morada es a largo plazo ir eliminando «las externalizaciones» municipales, en referencia a su pretensión de recuperar servicios privatizados, que es para lo que impulsaron la creación de la empresa pública. Al mismo tiempo, Podem ha solicitado que el nuevo servicio camine hacia la sostenibilidad y logre reducir las emisiones de CO2 en un 30%.