Continúa la polémica por el caso de los sobrecostes del Calderón
El PP acusa al PSOE de utilizar dinero público para lo que consideran una “persecución política” contra la oposición
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El proceso judicial del caso por los sobrecostes del Teatre Calderón ha generado una nueva polémica esta semana. El Partido Popular (PP) ha acusado al Partido Socialista (PSOE) de utilizar dinero público para lo que consideran una “persecución política” contra la oposición, mientras que los socialistas defienden su actuación asegurando que el caso merecía ser investigado.
La concejala Lorena Zamorano detalló en el último pleno los gastos asumidos por el Ayuntamiento desde el inicio del proceso. En 2014, el consistorio inició un procedimiento contencioso que no prosperó debido a la prescripción de los pagos, lo que derivó en una condena en costas de 96.699 euros, además de una factura del procurador municipal de 3.994 euros. En total, más de 100.600 euros fueron pagados para cerrar aquel proceso.
Ante la prescripción del contencioso, el Ayuntamiento optó por la vía penal, si bien la causa ha sido archivada recientemente por la Fiscalía. Aunque en esta instancia no ha habido condena en costas, el consistorio aún debe abonar la factura del procurador, que se estima será inferior a la del proceso contencioso y podría rondar los 2.000 euros.
Desde el PP han criticado que, a pesar de que el alcalde afirmó en rueda de prensa que el caso no supuso gastos para la ciudad, los costes derivados del proceso contencioso contradicen dicha afirmación. Carlos Pastor, portavoz del grupo popular, acusa al primer edil y a Zamorano de “mentir: primero niegan que haya tenido coste alguno, luego admiten que sí lo hubo y, finalmente, van apareciendo las facturas que evidencian que los gastos de todos los procedimientos judiciales iniciados por este ayuntamiento ascienden, que se sepa de momento a más de 100.000 euros”.
Mientras tanto, el gobierno socialista defiende su postura asegurando que, aunque en este caso no se ha logrado, otros litigios similares han permitido a Alcoy recuperar cerca de 800.000 euros en casos como el del Bulevar y La Rosaleda.