Archivan la causa contra el alcalde de Castalla
Fue denunciado por presunta prevaricación administrativa a causa de dos litigios relacionados con tráfico
El juzgado de primera Instancia e Instrucción número 1 de Ibi ha archivado finalmente la causa abierta contra el primer edil de Castalla, Antonio Bernabéu, denunciado por presunta prevaricación administrativa a causa de dos litigios relacionados con tráfico. La jueza no ha visto irregularidades en las acciones del alcalde, que resolvió sendas sanciones respaldado por los informes de los técnicos municipales. Mediante su decisión, la magistrada también ha exculpado al agente del cuerpo de policía local acusado en la causa.
El propio alcalde dio a conocer la noticia en rueda de prensa, anunciado que el archivamiento se produjo el pasado mes de febrero, después de que en noviembre de 2020 la jueza hubiera acordado el sobreseimiento y archivo de las diligencias previas.
ANTECEDENTES
Todo se remonta al verano de 2019, después de que un efectivo de la Policía Local interpusiera una denuncia contra el primer edil por presunto delito de prevaricación administrativa. La razón, haber eximido a dos conductores del pago de sendas tasas de la grúa y del depósito municipal de vehículos, ante lo que se alegó “eficiencia administrativa”. Por un lado se sancionó al conductor de un camión por circular sin seguro ni ITV. Una vez regularizada su situación, el camión siguió retenido en dependencias policiales, y ello a pesar de haber puesto al día toda su documentación.
El otro litigió tiene que ver con un vehículo de la asociación Despertar, dedicada a la atención de personas con diversidad funcional, y que estacionó en una zona prohibida a tal efecto por ser día de mercadillo. Sin embargo, y tal como indican los informes municipales, la prohibición de aparcamiento no estaba debidamente indicada.
Ambas disposiciones eran consideradas “injustas” por parte de Antonio Bernabeu, de manera que se resolvió eximir del pago de las tasas en base a los informes técnicos, tal y como ha quedado acreditado por el tribunal de justicia. En palabras del alcalde, el gobierno de Castalla “obró de buena fe y según la jueza no hay delito”.