Alcoy reclama ahora a Aqualia 430.000 euros por el saneamiento de aguas

El Ayuntamiento de Alcoy ha reclamado algo más de 430.000 euros a Aqualia, la empresa concesionaria del agua potable en la ciudad, en concepto de canon por el saneamiento durante los años que lleva prestando el servicio. Se trata de una indemnización compensatoria que Aqualia supuestamente habría estado recibiendo desde el año 2000 de la Entidad Pública de Saneamiento de las Aguas Residuales (EPSAR) y que debería haber ido transfiriendo al Ayuntamiento de Alcoy, ya que la empresa renunció a cobrarla a la firma del contrato de la concesión.

El tema fue abordado en el Pleno de ayer a propuesta de Guanyar y en base a la denuncia presentada en su día por la Colla Ecologista La Carrasca, y de la que ahora se ha hecho eco Iniciativa Ciutadana per la Gestió Pública de l’Aigua (Aiguapública) después de conocerse que la Agencia Valenciana Antifraude ha abierto una investigación al respecto. La moción fue presentada conjuntamente por Guanyar, Podem y Compromís, y votó también a favor el PP. Se abstuvieron Vox, Ciudadanos y el concejal no adscrito, mientras que por parte del gobierno municipal (PSOE) se votó en contra, por lo que la moción pidiendo que se reclame a Aqualia este dinero, no salió adelante.

Y es que según expuso el portavoz socialista, Jordi Martínez, el importe correspondiente al canon que debía haber abonado al Ayuntamiento, ya ha sido reclamado a Aqualia, como también aclara que la indemnización no asciende a los más de dos millones de euros que había calculado Aiguapública, sino que se eleva a unos 430.000 euros. Martínez reprochaba a los proponentes de la moción que se hubieran constituido en “jueces” al pedir que se depuren responsabilidades por la supuesta negligencia cometida. “Esto es un procedimiento que seguramente acabe en un contencioso y será entonces cuando se depuren responsabilidades, o no”, remarcaba el socialista, que pedía “prudencia” a la hora de pronunciarse sobre el expediente abierto por la Agencia Antifraude, ya que asegura que este organismo habla de “recomendaciones” y no de irregularidades, como se ha sugerido por parte de los denunciantes.

Podem y Guanyar aprovechaban el debate para incidir en la falta de control a la empresa concesionaria, a la vez que consideran que la municipalización del servicio evitaría situaciones de este tipo. Pablo González (Guanyar) afirma que la adjudicataria “nos ha quitado” un dinero que “nos corresponde” y cree que ha sido a consecuencia del actual modelo de concesión privada. “Un colectivo ciudadano ha fiscalizado mejor el servicio que el propio Ayuntamiento”, declaraba en referencia a la labor de investigación realizada por La Carrasca primero y ahora por Aiguapública.

Finalmente, Compromís acusa al gobierno de actuar solo por requerimiento de la Agencia Antifraude, mientras Jordi Martínez rebate que la liquidación del contrato –que precisamente vence en julio de este año– pondría de manifiesto cualquier desajuste y se habría reclamado a la empresa igualmente.