Alcoy afronta desde este mes de enero la obligatoriedad de establecer zonas de bajas emisiones
Un estudio técnico contratado por el Ayuntamiento determinará qué soluciones que se puedan aplicar para reducir la contaminación en la ciudad
El tiempo apremia para Alcoy y el resto de ciudades de más de 50.000 habitantes que aún no han puesto en marcha sus zonas de bajas emisiones (ZBE). Y es que el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico exigía la elaboración del correspondiente protocolo contra la contaminación, antes del 1 de enero de 2025.
El Gobierno aprobó en diciembre de 2022 el real decreto que regula las ZBE, unas áreas que deberán establecerse en las ciudades de mayor tamaño y que restringe el paso a determinados vehículos, los más contaminantes, para reducir la polución de cara a 2030. Las localidades afectadas tendrán hasta cuatro años para desarrollar su estrategia de bajas emisiones, si bien antes de 2024 tenían que haber iniciado al menos los trámites.
En el caso de Alcoy, la aplicación de la normativa europea sobre ZBE se encuentra todavía en una fase muy incipiente. Lo primero que se ha hecho es delimitar las zonas de bajas emisiones potenciales, que era uno de los requisitos exigidos por la ley para considerar que un municipio ha puesto en marcha la medida.
El concejal de Movilidad Sostenible, Jordi Martínez, explica que el Ayuntamiento contrató hace unos meses la redacción de un estudio previo a la realización de la ordenanza de ZBE y ya se dispone de un primer borrador que se ha trasladado al departamento de Inspección General de Servicios y Movilidad para que los técnicos municipales puedan hacer sus aportaciones. Con ello, hasta finales del mes de enero no se espera que esté acabada la redacción definitiva del proyecto.
La propuesta se basa en conocer los hábitos de desplazamiento en la población alcoyana, es decir, que elabora un diagnóstico de la situación y, por otro lado, establece posibles soluciones o medidas a implementar para la reducción de la contaminación en Alcoy.
Cabe señalar que para tratar de agilizar el proceso en España, el Ministerio ha determinado que las ciudades de más de 50.000 habitantes que en 2025 no tengan en funcionamiento las ZBE que por ley están obligadas a delimitar, no recibirán el año que viene ayudas para el transporte público colectivo, a modo de penalización.
Soluciones múltiples
Según Martínez, la peatonalización de calles es solo una de las muchas estrategias que se pueden implementar para reducir la contaminación en Alcoy. Otras soluciones enmarcadas en la estrategia de zonas de bajas emisiones incluyen “fomentar el transporte público, promover el uso de bicicletas, mejorar la eficiencia energética en edificios y aumentar la concienciación sobre la reducción de residuos. Cada acción cuenta y, al combinar diferentes enfoques, podemos lograr un impacto más significativo en la calidad del aire y el medio ambiente”, destaca el edil.
Conviene recordar que si bien la implantación de esta zona de bajas emisiones se llevará a cabo fundamentalmente en el ámbito de la peatonalización prevista en el Centro histórico, el proyecto es mucho más amplio e incluye actuaciones que afectan al conjunto del municipio. Se trata de ocho iniciativas cuyo presupuesto supera los 3’5 millones de euros y para las que el Ayuntamiento logró fondos por valor de 2’6 millones procedentes del Ministerio de Transportes a través del Plan de Recuperación que financia la Unión Europea.
Estas actuaciones –la mayoría ya completadas– son el carril bici entre Cervantes y la Zona Nord y que sirve para conectar a estos barrios con el casco antiguo de la ciudad; la mejora de la accesibilidad en el ámbito de la peatonalización del Centro; la reurbanización de las calles adyacentes a Sant Nicolau incluyendo Sant Josep y, próximamente, Joan Cantó; el aparcamiento disuasorio de La Riba; la centralización y control inteligente de la red de semáforos para la optimización del tráfico; el sistema de gestión de las áreas complementarias para la implantación de la ZBE, como sensorización ambiental o nuevos sistemas de control del estacionamiento en zonas de carga y descarga; la compra de dos autobuses eléctricos que se incorporarán a la flota del transporte público urbano a partir de este mes de enero, así como la instalación de puntos de recarga para estos vehículos.
El concejal de Movilidad pone el acento en la importancia de “tomar medidas urgentes para reducir la contaminación en nuestra ciudad. La calidad del aire que respiramos afecta directamente a nuestra salud y bienestar, es fundamental promover el uso de transporte sostenible, como bicicletas y transporte público, y fomentar la creación de espacios verdes. Juntos, podemos trabajar en políticas que no solo reduzcan las emisiones, sino que también mejoren la calidad de vida de nuestros ciudadanos. La movilidad sostenible no es solo una opción, es una necesidad para un futuro más limpio y saludable.” Además, el edil considera “fundamental cambiar el enfoque” de las estrategias de bajas emisiones y “dejar de centrarnos solo en las restricciones, tenemos que enfocarnos más en incentivos y soluciones”.