Teatro Calderón: El precio de la manipulación política en Alcoy
La gestión del Teatro Calderón por parte del PSOE y la actuación durante todos estos años de Lorena Zamorano han generado un circo político innecesario, divisiones en la sociedad alcoyana y un uso irresponsable de recursos públicos que ahora estamos pagando. Este caso, que ya ha pasado por los tribunales, pone de manifiesto cómo la política puede ser utilizada para atacar al adversario sin importar el impacto en los ciudadanos y en su bolsillo por parte de Toni Francés y todo su equipo.
La situación es clara: el Ayuntamiento ha perdido todos los procedimientos relacionados con el Teatro Calderón. Según la Fiscalía , no existen pruebas suficientes para sustentar las acusaciones de falsedad documental y estafa. Y, sin embargo, desde el gobierno local, con Lorena Zamorano como acusación particular, se ha insistido en sostener este circo judicial que ha resultado ser, finalmente, un fracaso político, como ya viene siendo habitual.
El mayor escándalo es, sin embargo, la estrategia de tergiversación y manipulación empleada para criminalizar al Partido Popular durante casi 15 años. Se nos ha acusado sin base, se ha gastado dinero público en abogados, procuradores y procesos judiciales, y todo para alimentar una narrativa política que solo buscaba rédito electoral. Este tipo de maniobras no solo perjudican al PP, sino que dañan la confianza de los ciudadanos en las instituciones y crispan a la sociedad alcoyana.
Es relevante recordar que, según la fiscalía, los sobrecostes del Calderón eran legales, avalados por informes técnicos favorables. Lo mismo está ocurriendo en el proyecto de Rodes, donde los sobrecostes ya superan los 3 millones de euros, mucho más que el millón del Calderón. ¿Acaso alguien está planteando denunciar estos sobrecostes? Si los técnicos eran “culpables” bajo la gestión del PP, ¿por qué se les considera intachables bajo el gobierno del PSOE? La doble vara de medir resulta insultante.
Es inaceptable que Toni Francés embarcase a la ciudadanía en procedimientos judiciales innecesarios, que solo han traído problemas a la sociedad, mientras el gobierno municipal socialista los usaba como argumento electoral sin pensar en las consecuencias personales que tenían en las personas que estaban siendo atacadas injustamente. Este tipo de actuaciones muestran una carencia absoluta de ética política. Los ciudadanos merecen respuestas claras: ¿quién ha pagado los honorarios de los abogados y procuradores? ¿En calidad de qué presentó Lorena Zamorano las denuncias?
Por otro lado, la reputación de muchas personas del partido Popular ha quedado injustamente manchada. ¿Va a pedir perdón el gobierno municipal por estas acusaciones infundadas? Porque cuando se actúa con irresponsabilidad, las disculpas no solo son necesarias, son obligatorias.
En política, las diferencias ideológicas son naturales, pero utilizar los recursos públicos y la justicia como armas para atacar al adversario cruza una línea ética que jamás debería tolerarse. Alcoy necesita una clase política responsable, comprometida con el bienestar de la ciudadanía y no con el espectáculo. Es hora de que asuman las consecuencias de sus acciones y rectifiquen antes de seguir dañando la confianza de los alcoyanos. Algo que viniendo de este Gobierno es muy difícil que ocurra. Así nos va….
CARLOS PASTOR. Portavoz y concejal del PP en Alcoy