Domus Vi: verdad y justicia
La pandemia de Covid-19 dejó una marca profunda en nuestra sociedad, pero pocos episodios resultan tan dolorosos y trágicos como lo sucedido en la residencia de ancianos Domus Vi de Alcoy, donde 74 personas fallecieron durante la primera ola del virus. Este dramático suceso, que conmocionó a nuestra ciudad, se ha convertido en símbolo de la lucha por la verdad y la justicia que, cuatro años después, las familias de las víctimas reclaman.
Entre marzo y abril de 2020, en plena incertidumbre a nivel mundial por la expansión del coronavirus, la residencia Domus Vi de Alcoy se convirtió en un foco de contagio devastador. Las familias, ya preocupadas por la fragilidad de sus seres queridos, presentían que algo no iba bien. Los primeros días de la crisis estuvieron marcados por el silencio. A pesar de las advertencias y denuncias de los familiares, quienes alertaban de que los residentes no estaban recibiendo la atención adecuada, no llegaba la respuesta necesaria. La incertidumbre crecía, y con ella el miedo.
El aislamiento forzado que trajo la pandemia impidió que los familiares pudieran estar cerca de sus mayores. Este alejamiento físico se tradujo en una falta total de información. Muchos familiares no sabían si sus seres queridos seguían vivos, mientras que otros se enteraban del fallecimiento días después, sin poder despedirse ni comprender lo que estaba sucediendo dentro de las puertas de la residencia.
Cuatro años después, el proceso judicial iniciado por los familiares acaba de finalizar y están a la espera de las conclusiones. Durante este proceso judicial, han salido a la luz declaraciones que han generado una mezcla de conmoción e indignación. Testimonios de profesionales sanitarios y familiares apuntan a una gestión negligente del centro en momentos críticos. Según uno de los médicos que atendió a los pacientes, la situación en Domus Vi fue descrita como “hecatombe y desastre”, donde faltaban recursos esenciales, personal médico y medidas de contención adecuadas.
Las declaraciones constatan que los mayores no fueron debidamente atendidos y no fueron trasladados a hospitales, algo que podría haber salvado vidas. A medida que se recopila más información, queda claro que la responsabilidad no puede recaer únicamente en la residencia, sino que las decisiones tomadas por las autoridades sanitarias de Consellería, que intervinieron la residencia nada más comenzar la crisis, también jugaron un papel crucial. En las audiencias se ha mencionado la falta de coordinación entre la Conselleria y la dirección del centro, lo que derivó en una crisis descontrolada.
El proceso judicial que se ha desarrollado en estos días es un paso crucial hacia la verdad y la justicia. Las familias no solo buscan responsables, reclaman dignidad y respeto, que se reconozca el sufrimiento de sus seres queridos y que se tomen las medidas necesarias para que ninguna otra familia tenga que pasar por lo mismo. Porque lo que ocurrió no puede quedar en el olvido, ni en la impunidad. Solo cuando se haga justicia, podrán cerrar las familias de las víctimas una etapa muy dolorosa.
AMALIA PAYÁ. Concejala del PP en el Ayuntamiento de Alcoy