Inician la expropiación de los terrenos de la ladera del Santiago Payá

Tras un año negociando con el propietario, ya que se necesitan para acometer la estabilización

Expropiación definitiva en el Santiago Payá
Imagen de archivo de la zona del Santiago Payá.

El Ayuntamiento de Alcoy ha puesto en marcha el proceso administrativo para la expropiación de los terrenos ubicados en la ladera que da acceso al polígono Santiago Payá y cuya titularidad corresponde a la empresa Inde Truck. Como se recordará, hace un año se iniciaron las conversaciones con el propietario de parte de los terrenos –el resto son municipales–, puesto que son necesarios de cara a acometer las obras de consolidación de la ladera, que desde hace mucho tiempo sufre problemas de estabilidad que derivan en fuertes corrimientos de tierra cuando hay episodios de lluvias torrenciales.

Es lo que ocurrió en la primavera del año pasado, cuando parte de la ladera se vino abajo, lo que obligó al Ayuntamiento a retomar un proyecto que permanecía aparcado desde 2017. Se trata de la construcción de una escollera para contener la ladera, lo que permitirá consolidar el acceso al polígono, que se encuentra en situación de provisionalidad desde que en 2012 cedió el puente que hasta ese momento había servido como vial de entrada al polígono.

Así las cosas, y de cara a abordar la solución definitiva, el Ayuntamiento inició hace un año las negociaciones con el empresario dueño de los terrenos, si bien finalmente no ha habido acuerdo y el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ha publicado el anuncio de las expropiaciones. El afectado dispone de quince días para recurrir y presentar alegaciones, como también fuentes municipales han explicado a este periódico que el expediente puede interrumpirse en caso de que ambas partes lleguen finalmente a un entendimiento.

Las mismas fuentes han asegurado que la intención ahora es que todos los trámites se realicen en el menor tiempo posible y que puedan licitarse las obras cuanto antes, ya que se trata de una intervención muy demandada por el empresariado.

Se habla de un coste cercano a los 2 millones de euros y unos trabajos de año y medio de duración.

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