Una deuda
La gestión de las residencias de mayores en los peores momentos de la Covid-19 ha vuelto a la actualidad mediática estos días, después de que Enrique Ossorio, número dos de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, haya levantado una enorme polvareda por unas declaraciones sobre los más de 7.000 fallecidos en geriátricos durante la pandemia. “Las familias ya lo han superado”, ha afirmado el vicepresidente y portavoz del gobierno madrileño para justificar su negativa a la creación de una comisión de estudio sobre lo ocurrido en estos centros en los primeros meses de la crisis sanitaria.
La polémica surge, además, tras la manifestación convocada hace unas semanas por la Plataforma Estatal de Familiares de Residencias de Mayores que recorrió el centro de Madrid reuniendo a colectivos de toda España, para protestar contra el nuevo modelo de macroresidencias. Los manifestantes, entre los que se encontraban representantes de la Asociación de Familiares de las residencias DomusVi Alcoy y Cocentaina y de la Coordinadora de la Comunidad Valenciana, reclaman elevar el ratio de personal por usuario y un incremento de las inspecciones de cara garantizar que los mayores reciben una atención correcta.
Y en el caso del colectivo de afectados de la tragedia ocurrida en el geriátrico de Oliver en la primera ola del coronavirus, en 2020, exigían también justicia por los 74 fallecimientos. Como se recordará, el pasado marzo –coincidiendo con el segundo aniversario de una de las peores catástrofes de la historia reciente en Alcoy– el pleno municipal elevaba a declaración institucional un acuerdo para instar a Les Corts Valencianes para que abra una comisión de investigación. Esta semana, el PP ha lamentado que siete meses después aún no haya habido contestación por parte de la Generalitat Valenciana.
“Parece que estamos diciendo o sospechando que las muertes que sucedieron se pudieron evitar y eso no es cierto. Creo que las familias ya lo han superado”, declaraba sin ruborizarse el madrileño Ossorio. Inadmisible negar ciertas evidencias mientras las asociaciones de afectados sigan exigiendo, legítimamente, las responsabilidades derivadas del mayor desastre de este siglo.
Alcoy sigue teniendo una deuda con los 74 ancianos que perdieron la vida. Una deuda que es en realidad con cada uno de nosotros mismos. Porque nadie es ajeno a vivir su último tramo de vida o su discapacidad en una residencia, aunque sea político.