Continúan las críticas al PSOE por Avalem Joves

El hecho de que el gobierno socialista haya dado a conocer la sentencia judicial que reduce las cotizaciones a pagar por parte del Ayuntamiento de Alcoy a la Seguridad Social en el marco del programa Avalem Joves 2018-2019, ha sido interpretado por el Partido Popular como una forma de “hacer apología de la precariedad laboral”, además de considerar que “confirma el uso electoralista” de la contratación de estos 195 jóvenes. Así lo afirma la portavoz adjunta, Lirios García, que lamenta que el gobierno pagara “por debajo de lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores, es decir, menos del 60% de los salarios del personal municipal”.

Cabe recordar, en relación a la sentencia, que el magistrado señala que “no es posible comparar al personal laboral con funcionarios públicos” y que las funciones desempeñadas por los jóvenes contratados por Avalem “no tienen nada que ver con las que realizan los funcionarios públicos del Ayuntamiento de Alcoy”.

No obstante, para el PP, el objetivo del gobierno municipal “en año electoral, era contratar al mayor número de personas a costa de ofrecer sueldos bajos”, remarca Lirios García. “Precisamente porque no ejercen las mismas funciones, el Estatuto de los Trabajadores prevé que perciban un 40% menos que los empleados municipales. Pero lo que hizo el PSOE fue pagarles menos incluso, por eso es lamentable que el PSOE considere que está bien pagar salarios mínimos a los jóvenes”, manifiesta García.

La edil también reprocha que se asegure que el objetivo del programa era facilitar la inserción laboral de los jóvenes, ya que “los datos oficiales constatan la escasa inserción laboral del programa Avalem 2018-2019: De los 195 contratados, solo 37 consiguieron trabajo”, destaca.

Mientras, por parte de Guanyar critican que el gobierno municipal de Alcoy “haya preferido trasladar la denuncia al juzgado, antes que pagar lo que corresponde a los trabajadores de este programa”, si bien cabe apuntar que el Ayuntamiento actuó “avalado por los informes técnicos y motivado por la defensa de los intereses económicos del Consistorio”, tal y como reconocía la sentencia judicial.

Con todo, Sandra Obiol, portavoz de Guanyar, se mantiene en su postura y afirma que “decir que se defienden los intereses del Ayuntamiento en contra de los intereses de algunos de sus vecinos, nos parece una vergüenza”.