El Pleno resuelve el conflicto por el pago de retribuciones a FCC

A la tercera va la vencida. Y es que han sido necesarios tres plenos municipales y una demanda presentada por la empresa para que finalmente se haya podido resolver el conflicto originado por el pago de retribuciones por objetivos a Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), concesionaria del servicio de limpieza y recogida de basura en Alcoy.

Después de que la oposición rechazase hasta en dos ocasiones votar a favor de los informes técnicos y jurídicos que avalaban la devolución de algo más de 170.000 euros a la mercantil -un 4% de la factura por la prestación del servicio, según el contrato vigente- el Pleno sacaba adelante este lunes el trámite que permite desbloquear la situación, que se denomina allanamiento. Esto significa que el Ayuntamiento reconoce que se debe pagar la retribución por objetivos, tal y como indican todos los informes pertinentes.

Votaron a favor PSOE y Ciudadanos, se abstuvieron PP, Compromís, Podem, Vox y el concejal no adscrito y votaron en contra los dos ediles de Guanyar. A la hora de justificar su postura, la oposición en bloque sigue insistiendo en la falta de control a la empresa por parte del Ayuntamiento, mientras del lado del gobierno municipal se defiende la gestión al respecto de los técnicos municipales.

Cabe recordar, en este sentido, que hasta el año pasado el control de calidad del servicio se llevó a cabo con medios propios del departamento de Medio Ambiente. Las auditorías externas empezaron a realizarse en 2021.

“A esta situación hemos llegado por culpa de la temeraria obstinación de la oposición, que ha actuado en contra de los informes técnicos y jurídicos del Ayuntamiento, generando más gasto para el Consistorio. La oposición no entiende que el Pleno es un órgano administrativo y lo que en él se aprueba o deniega tiene consecuencias jurídicas, como en este caso, que nos vemos obligados a hacer frente al pago de intereses y costas”, remarcaba el concejal de Transición Ecológica, Jordi Silvestre, que manifestaba tu «total apoyo» al personal técnico de Ayuntamiento, destacando en especial la «eficiencia» de su departamento.

ANTECEDENTES

En abril del año pasado, con los votos de la oposición y en contra de los informes jurídicos y técnicos aportados, el Ayuntamiento acordaba no pagar estas retribuciones por objetivos, razón por la cual FCC presentó un recurso de reposición mediante alegaciones al acuerdo plenario. Posteriormente, en el pleno del 2 de julio se debatía de nuevo el asunto, aportándose además la valoración de este recurso de reposición mediante un informe por parte del departamento de Contratación favorable al pago, ya que sí había existido el control pertinente.

A pesar de estos informes favorables, la oposición de nuevo votó en contra, desestimando el recurso de reposición planteado por la empresa y poniendo fin así a la vía administrativa. Esta situación abocó al contratista a presentar un recurso contencioso administrativo, del que se ha dado traslado al Ayuntamiento para contestar en un plazo que vence el martes 15 de febrero. De ahí la urgencia de convocar un Pleno extraordinario.

El informe jurídico previo «vaticina que el resultado de esa demanda no prosperará”, es decir, que se debe aceptar el pago a FCC rechazado en dos ocasiones, proponiendo la defensa letrada que el Pleno se allane a las pretensiones de la mercantil y que reconozca los hechos y las circunstancias jurídicas que se planteaban.

Hay que tener en cuenta que entre las consecuencias jurídicas está, además del pago de la cantidad reclamada por la empresa, el abono de los intereses de demora por el pago retrasado del importe desde el 8 de marzo hasta que se haga efectivo finalmente, más las costas procesales. Hasta el momento los intereses ascenderían a cerca de 15.000 euros, a expensas de conocer cuál va a ser el alcance de la resolución judicial.

ARGUMENTOS POLÍTICOS

Por parte del gobierno municipal se habló de «motivación política» para haber llegado a una «situación kafkiana», en palabras del alcalde Toni Francés, que responsabilizaba a la oposición del conflicto y el sobrecoste final. Una oposición que prácticamente de forma unánime no deja de incidir en la falta de control del trabajo de la concesionaria, a la que acusan de incumplir el contrato y de prestar un servicio deficiente.

Con todo, y pese a las insistentes críticas que grupos como Guanyar achacan a la «privatización» del servicio, los informes aportados son contrarios a los argumentos políticos de la oposición. Además, el Ayuntamiento ya había agotado toda vía jurídica, de forma que quedaba suficientemente demostrado que ya no era viable dilatar más el proceso.