El curso político empieza con gobierno y oposición enfrentados

La política municipal ha vuelto a la actividad tras el paréntesis vacacional, y lo ha hecho manifestando un enfrentamiento frontal entre el gobierno y oposición, como quedó patente ayer en el primer Pleno del nuevo curso político. Precisamente, el debate se abría con una petición unánime de la oposición solicitando la comparecencia en una próxima sesión del actual concejal de Transición Ecológica, Jordi Silvestre, de cara a ofrecer explicaciones sobre la sentencia que obliga al Ayuntamiento a pagar 2’1 millones de euros a la empresa concesionaria del servicio de recogida de basura, Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) por la revisión de precios entre los años 2012 y 2018.
La moción, presentada de forma conjunta a instancias de Compromís Alcoi, era calificada por Silvestre como “un circo montado por Màrius Ivorra” y el resto de formaciones “que hacen de comparsa”, ya que a su juicio podrían haberle pedido explicaciones directamente en lugar de “crear una situación que lo único que hace es desprestigiar el debate político”. Al tiempo, el edil apuntaba que dado que la revisión de precios corresponde a un período en que él no era concejal, considera que deberían comparecer sus antecesores en el cargo, tanto del PP, como del PSOE, y Esquerra Unida, de modo que pidió añadir una enmienda a la moción en este sentido.
A la hora de justificar la propuesta, desde PP y Guanyar hablaron de “ desidia” y “mala gestión” por parte del gobierno municipal, mientras Compromís aludió a un “nuevo modelo de comparecencia” que contempla el reglamento de funcionamiento de los ayuntamientos, de acuerdo con un artículo que, según expusieron más tarde los portavoces de la formación valencianista y el popular Quique Ruiz, no prevé incorporar enmiendas a la moción planteada.

Tendrá que comparecer
Así las cosas, y tras la negativa de Ivorra a aceptar esta modificación solicitada por los socialistas atendiendo al reglamento, la moción fue aprobada con los votos en contra de los concejales del gobierno municipal, por lo que el actual edil de Transición Ecológica tendrá que comparecer en la próxima sesión plenaria para dar explicaciones sobre el asunto.
Explicaciones que, por otro lado, el gobierno municipal quiso ofrecer ayer mismo a la finalización del Pleno, en el turno de ruegos y preguntas. A petición del portavoz socialista, Jordi Martínez, de forma inesperada –y suponemos que para sorpresa del resto de la corporación municipal– la concejala de Régimen Jurídico, Vanessa Moltó, expuso de forma “clara y meridiana”, en palabras del alcalde, Toni Francés, cuál había sido la gestión del gobierno municipal en todo este tema. “En ningún caso se trata de desidia, desinterés o pasividad, al contrario, se trata de voluntad de defender los intereses de la ciudad, avalados siempre por la justificación técnica correspondiente y, es más, hemos hecho exactamente lo mismo que los anteriores gobiernos de la ciudad desde 2008”, remarcaba Vanessa Moltó, que lo primero que hacía era aclarar que el sobrecoste que pagará ahora el Ayuntamiento no es una multa, “simplemente indica que se debe pagar una subida que en su momento no se consideró justa”, señala.

Antecedentes
La última revisión de precios del contrato de recogida de residuos se dio en el año 2007, de la mano del Partido Popular. En 2014, la empresa interpuso un contencioso ante la negativa del Ayuntamiento a atender sus reclamaciones, formuladas ya desde el año 2009, para aumentar el coste del servicio y pagar revisiones de precios de 2008 a 2011.
En concreto, FCC exigía el pago de 1’3 millones en este concepto, algo que el tribunal de lo contencioso-administrativo desestima en primera instancia, dando la razón al Ayuntamiento. Pero frente a esta sentencia la empresa presenta recurso al Tribunal Superior de Justicia, quien finalmente en abril del año 2016 reconoce el derecho de FCC a esa revisión de precios, incrementando la cuantía anual de coste de servicio de basura en la ciudad desde el año 2008. No obstante, la cantidad a pagar que determina el tribunal no es de 1’3 millones como pretendía la empresa, sino de 723.000, “por lo tanto el Ayuntamiento y este gobierno consiguió rebajar esta pretensión salvaguardando los intereses de la ciudad”, incide Moltó.
Estos antecedentes hicieron que el gobierno decidiera rechazar el último ajuste propuesto por la empresa, de ahí que el juzgado “no haya considerado que ha habido mala fe”, resalta, a la vez que se remonta a otras sentencias condenatorias a gobiernos anteriores que sí derivaron en sanciones económicas, caso del PP con el fallido proyecto de Serelles o la obra de la Rosaleda.