Sin novedad en Plaza España 1
El regreso de la actividad política en el Ayuntamiento de Alcoy se produjo el lunes en el que es el primer pleno del nuevo curso, el último de la presente legislatura. La sesión no estuvo exenta de enfrentamiento entre los grupos, a pesar de que los temas a tratar no eran, a priori, destacados. Hubo únicamente dos mociones, una presentada por el PSOE para instar al Gobierno central a facilitar la burocracia a los ayuntamientos en la tramitación de la nueva ley de contratos del sector público; y una segunda moción a propuesta del Partido Popular, exigiendo una mejora del servicio de transporte sanitario urgente, afectado por una serie de recortes recientes, según denunció el edil Nacho Palmer.
El primer debate de la tarde giró en torno al conflicto laboral que mantienen los trabajadores de Tuasa, la empresa concesionaria del servicio urbano de autobús, que llegó al Pleno municipal de la mano de Compromís. Su portavoz Màrius Ivorra y el edil responsable del servicio, Jordi Martínez, se enzarzaron en una disputa estéril sobre el tema, asegurando este último que el tema no es competencia municipal, sino de la inspección de Trabajo, mientras por parte de Compromís se insiste en que el Ayuntamiento sí debe fiscalizar la actuación de la empresa concesionaria en este sentido.
La confrontación se prolongó más allá del debate por el ruego presentado por la coalición, llegando incluso al turno de preguntas final de la sesión, donde ambos concejales volvieron a hacer hincapié en sus respectivas posturas.
También se generó cierta polémica en el punto del día sobre la antena de telefonía para las urbanizaciones de la zona de Mariola, una dotación que desde el PP piden que se agilice. El concejal Manolo Gomicia expuso toda la tramitación iniciada con Conselleria, asegurando que el expediente está en vías de completarse y que desde el gobierno municipal se están haciendo todos los esfuerzos posibles. Mientras, Edu Tormo (PP) acusa directamente al alcalde Toni Francés de publicitar la antena con fines electoralistas hace casi un año, apuntando que la gestión en este tema no ha sido diligente ni correcta.
Otra cuestión a abordar el lunes fue la puesta en marcha de medidas contra la ocupación ilegal de viviendas, planteadas ya en un Pleno anterior por el Partido Popular. El concejal delegado de Seguridad, Raül Llopis, informó que desde el Ayuntamiento se ha llevado a cabo un trabajo para identificar estos domicilios ocupados ilegalmente, a la vez que se ha instado a los propietarios afectados por el problema a denunciar la situación y se asegura desde el gobierno que se está avanzando en este sentido, gracias al trabajo conjunto de las policías Local y Nacional. El PP, no obstante, considera que el Consistorio debe mediar más en la resolución del conflicto, acusándole de mantener una actitud pasiva frente a un problema social que consideran grave.
En el primer pleno de la rentrée política también hubo espacio para anunciar que se actuará en las pistas deportivas del Camí, junto a los depósitos de la Zona Alta, en el marco de un plan de inversiones de Diputación, a la vez que se estudiaran medidas antivandálicas, entre ellas, el cierre de las instalaciones durante la noche. El escaso público que presenció la sesión supo de este proyecto, como también –entre otros temas más propios de comisión informativa que de Pleno municipal– que de momento no habrá semáforos en el cruce de Terrassa con Juan Gil Albert, según aseguró Raül Llopis, por motivos económicos.