El TSJ rechaza la suspensión cautelar de la ATE Alcoinnova
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha desestimado la demanda del Ayuntamiento de Alcoy que solicitaba la paralización cautelar del proyecto Alcoinnova en la partida de La Canal. El alto tribunal ha rechazado la petición, al considerar que no hay motivos probados para suspender la ejecución con la que el Ayuntamiento, argumenta, se evitarían daños a la zona en la que se quiere desarrollan el proyecto. La sentencia no es firme y, por tanto, se puede recurrir. Se impone las costas del proceso a la parte actora y se concede un plazo de cinco días para presentar recurso.
Cabe recordar que el contenciosofue presentado por el Ayuntamiento ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ valenciano contra la resolución de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente de fecha de 7 de julio de 2014 que acordaba la aprobación del Plan de Actuación Estratégida (ATE) para el desarrollo de un proyecto de parque industrial y tecnológico en la partida de La Canal a cargo de La Española.
La parte demandante reclamaba la suspensión cautelar alegando que la ejecución del proyecto causaría un daño irreparable en el territorio. El TSJ, en cambio, estima como inexistentes los argumentos aportados por el gobierno local.
Reacciones
La sentencia del TSJ ha provocado inmediatas reacciones. Por una parte, el Partido Popular (PP) a través de su portavoz, Rafa Miró, ha acusado a los socialistas alcoyanos “de estar perdiendo oportunidades para Alcoy”, en el intento de paralizar la ATE de Alcoinnova. Añade que “ha llegado otra sentencia en la que se desautoriza al Ayuntamiento gobernado por el PSOE”. Rafa Miró ha concluido sus críticas manifestado que “ya está bien. Lo único que está logrando Toni Francés con sus gestión ideológica es destruir la oportunidades empresariales para Alcoy”.
La postura de Guanyar es completamente contraria a la del PP. La formación de la que Estafanía Blanes es su portavoz insta al gobierno municipal a “que presente recurso resolviendo las argumentaciones que pone en duda el Alto Tribunal”.
Blanes remarca que “tenemos que evitar las políticas de hechos consumados. Ningún ayuntamiento debería permitir que se urbanizase una zona y que después nos arrepintiésemos porque ha causado un daño irreversible al entorno y a la calidad de vida de los ciudadanos”.
Cabe recordar que también resultó contraria a las argumentaciones del Ayuntamiento la sentencia del TSJ del pasado mes de diciembre en las que el tribunal desestimó el contencioso interpuesto por el gobierno pidiendo las competencias en el proceso de aprobación del la ATE. Al mismo tiempo, el Ayuntamiento anunció la paralización del proceso de concesión de licencia.