El TSJ avala la desprotección de Mariola y Font Roja
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha dictado sentencia sobre el recurso contencioso administrativo promovido por Ecologistes en Acció del País Valencià contra el decreto por el que el gobierno valenciano aprobó las normas de gestión de una decena de espacios naturales incluidos en la denominada Xarxa Natura 2000, entre los que se encuentran los parques de Mariola y la Font Roja. La sentencia, según informan los ecologistas, “constata el mínimo interés del anterior equipo de la conselleria de Medio Ambiente, dirigida por Isabel Bonig, en la protección de estos valiosos espacios”.
El alto Tribunal valenciano declara así la nulidad del decreto impugnado por los ecologistas por dos motivos: porque se aprobó sin la obligatoria evaluación ambiental y porque la normativa aprobada es “claramente insuficiente” para la protección de estos espacios naturales.
Desde la Colla Ecologista La Carrasca, pertenecientes a Ecologistes en Acció, destacan que esta falta de medidas protectoras resulta de gran importancia, puesto que afecta a más de 43.000 hectáreas de terreno de gran valor ambiental, la mayor parte en los parques de Mariola y la Font Roja (8.133 hectáreas) y la Serra d’Espadà. De ahí que valoren positivamente la sentencia, que a juicio de la Colla Ecologista demuestra “la ilegalidad de una política de gestión de los espacios naturales al servicio de determinados intereses particulares”.
Coincidencia con Alcoinnova
El colectivo recalca que una parte de los terrenos que el TSJ considera insuficientemente protegidos coincide con el área de amortiguación de impacto del parque natural de la Font Roja en la partida de la Canal, justamente donde La Española pretende desarrollar su proyecto Alcoinnova, un proyecto –insisten desde La Carrasca– que “supone una amenaza para el principal acuífero que suministra agua potable a la ciudad de Alcoy”.
Los ecologistas esperan que esta sentencia, que según ellos reconoce “la ilegal desprotección de los terrenos de la Canal”, pueda reforzar su posición en la futura decisión del Tribunal sobre el proyecto de La Española. Y recuerdan, por último, que todavía está pendiente la resolución de los recursos contenciosos presentados por el Ayuntamiento de Alcoy y La Carrasca, conjuntamente con Salvem l’Aqüífer, contra el proyecto urbanístico.