Medidas para luchar contra la ocupación ilegal de viviendas
El Ayuntamiento de Alcoy va a trabajar de cara a incrementar las medidas para luchar contra la ocupación ilegal de viviendas. El tema fue abordado en el Pleno municipal celebrado la pasada semana, a propuesta del PP, y prosperó con el voto en contra de Guanyar Alcoi y el apoyo del resto de partidos, con enmiendas de Compromís. Desde Guanyar Alcoi argumentaron su voto en contra al considerar que en buena parte de la propuesta de acuerdo no se diferencia entre las viviendas que están ocupadas por delincuentes o aquellas que lo están por ciudadanos que viven una situación económica precaria, y a instancia de Compromís se introdujo el que se dé no solo una mayor vigilancia por parte de la Policía Local, sino también de la Policía Nacional, y que las acciones se adopten siempre que se demuestre que la ocupación esté asociada a un delito.
Vigilancia y censo de viviendas
Entre los acuerdos alcanzados destaca, además de esta mayor vigilancia policial, el elaborar un censo de viviendas deshabitadas, poner a disposición de las víctimas medios para que denuncien con rapidez el delito de usurpación de viviendas, impulsar que los delitos relacionados con la ocupación ilegal de viviendas sean tratados en juicios rápidos, la peticiòn a la fiscalía de la adopción de medidas cautelares para el desalojo y establecer un protocolo de actuación municipal, tanto para requerir a los propietarios particulares como para actuar en caso de ser propiedad municipal.
La importancia del protocolo
Precisamente, el concejal de Seguridad Ciudadana, Raül Llopis, destaca que “en la actualidad ya tenemos un censo de viviendas municipales que están vacías, si bien es complicado tenerlo en cuanto a aquellas que son particulares”. Por ello, remarca que quizá lo más importante sea contar con un protocolo, que disuada a quienes van a ocupar una vivienda ilegalmente y sobre todo saber cómo actuar en caso de que se produzca esta ocupación. En cualquier caso, incide en que las máximas competencias de seguridad dependen de la Policía Nacional.
La edil del PP Amalia Payá remarcó que para aquellos casos en que los ciudadanos necesitan una vivienda por cuestión económica existen recursos como los servicios sociales.