Francés asegura que se trabajará por un Alcoinnova con garantías
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El alcalde de Alcoy, Toni Francés, lo dijo ayer claramente: “No podemos seguir afirmando que este proyecto no es legal y que no cumple la normativa vigente”. Con estas palabras se refería al proyecto Alcoinnova, el parque empresarial que el grupo La Española proyecta en la zona de La Canal, después de que el viernes se conociera una sentencia del Tribunal Supremo que avala esta Actuación Territorial Estratégica (ATE) y desestima la pretensión del Ayuntamiento de poder tener competencias para decidir en esta actuación. Francés señaló que “el proyecto se ajusta a derecho, a la normativa legal y sigue con su proceso”, asumiendo lo dictado por el Tribunal Supremo. Queda otro contencioso por resolver, si bien el alcalde no confía en una sentencia favorable puesto que es similar al desestimado.
El alcalde asegura que, a partir de ahora, “no podemos más que respetar la decisión y trabajar para que Alcoinnova cumpla con todas las exigencias medioambientales, que sean actuaciones seguras y con todas las garantías”. A finales de este año podría concederse la licencia de obras.
El alcalde y las competencias
De esta manera, el gobierno municipal, y con ello el Ayuntamiento de Alcoy, acata la decisión judicial, si bien el alcalde dejó constancia de que “a día de hoy, podemos seguir opinando que no será la mejor ubicación, que hay alternativas con garantías suficientes en otras ubicaciones y que el PP en la Generalitat Valenciana no actuó correctamente imponiendo la ATE” y remarcó que sigue pensando y diciendo “que la Generalitat Valenciana no debería actuar como lo ha hecho, sea legal o no, pues no se puede pisar a un Ayuntamiento en sus decisiones”.
Apuntó que “para el Ayuntamiento nunca ha sido fácil la situación creada por imposición del anterior gobierno valenciano para que Alcoinnova estuviera en esa ubicación. El Ayuntamiento no es un partido ni una plataforma, tiene que gobernar y cabía buscar un equilibrio entre el aspecto económico y el ambiental”.
Y es que, tal y como apuntó el alcalde, a nivel económico es un proyecto “dinamizador, que puede ser un revulsivo para Alcoy y la comarca. Es un importante proyecto de una de las empresas más importantes de Alcoy y de la provincia, y era fundamental que no se perdiera”.
Junto a ello, habla del aspecto medioambiental, y señala que La Canal “es una ubicación complicada, y la Generalitat ha ido protegiendo en los últimos tiempos tanto el Molinar como otros aspectos medioambientales”, a lo que añadió que “pensamos que no es la mejor ubicación, hay otras con más garantías”, y aseguró que la empresa ha rechazado la de Pagos y otras, sin concretar.
Buena parte del problema y de las críticas del gobierno municipal se han basado en el hecho de que el PP autonómico no concediera competencias al Ayuntamiento,”le solicitamos poder codecidir, pero nuestra petición no fue escuchada, por lo que nos vimos abocados a defender la autonomía municipal presentando un contencioso”. Francés añadió que “defendíamos la autonomía local y que ha habido discriminación frente a otros, como el Ayuntamiento de Valencia, que sí pudo decidir en el Nou Mestalla”.
El proceso pasa ahora por que finalice el proceso de exposición pública de la evaluación ambiental del proyecto de urbanización y reparcelación, y si es favorable la empresa podrá solicitar licencia de obras. Si se cumplen los plazos que a priori pueden manejarse, a finales de año se podría conceder dicha licencia. El alcalde recordó que la instalación de cualquier empresa requerirá informe específico de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
La Carrasca-Ecologistes se muestra crítica
Por su parte, el grupo ecologista La Carrasca, ha emitido un comunicado en el cual, califica de vergonzosas estas declaraciones del alcalde, Toni Francés, ya que afirma que sus afirmaciones sobre la legalidad del plan Alcoinnova no tienen ningún fundamento, ya que aún no se han dictado las sentencias sobre el plan aprobado. Afirman que “una cosa es que el tribunal considere que no se ha vulnerado la autonomía municipal, y otra, muy diferente, es pretender extender esta legalidad a la ubicación y a las características del plan de La Española, cuestión que aún no se ha juzgado”.