Estudian que la planta de residuos tenga otro uso vinculado al reciclaje
El gobierno municipal alcoyano se muestra partidario de que la planta de tranferencia de residuos, ubicada en El Clérigo, pase a tener otros usos vinculados a la eliminación de residuos pero que generen menos molestias.
La planta de transferencia está cerrada desde el verano de 2013 y a estas alturas el concejal de Medio Ambiente, Jordi Martínez, explica que tras una reunión mantenida recientemente con Vaersa –empresa dependiente de la Generalitat que gestiona estas instalaciones–, se apuntó la posibilidad de buscar otros usos para la planta, si bien es una cuestión que debe abordarse en el ámbito del Consorcio para la eliminación de residuos, del que forman parte varias poblaciones. A falta de valorar las diferentes posibilidades existentes, el concejal apunta que una alternativa es transformar la planta de residuos en un gran ecoparque, al que podrían llegar objetos de diferentes poblaciones del Consorcio que a su vez contarían con un ecoparque móvil, y apunta que “ésta es una posibilidad, hay que valorarlas todas en su conjunto y ver qué es lo más conveniente. Lo que sí tenemos claro es que la planta debe reconvertirse en otro tipo de instalaciones, teniendo como objetivo que sea un servicio que promueva el reciclaje, y será fundamental la opinión de las diferentes poblaciones del Consorcio”.
Un largo proceso
Al echar la vista atrás hay que reparar en que la puesta en marcha de la planta de transferencia de residuos en El Clérigo ha estado marcada por las quejas y denuncias. Fue en el año 1998 cuando el gobierno municipal puso en marcha el proceso para disponer estas instalaciones y desde un primer momento vecinos de la zona mostraron su malestar por el hecho de que no podían disponerse unas instalaciones de estas características puesto que la ley lo impedía por estar a menos de 2.000 metros del casco urbano –el instituto Pare Vitòria está a unos 700 metros en línea recta– y en un terreno que estaba catalogado como de protección de bordes urbanos en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
Estos vecinos llegaron al Juzgado y les dio la razón en repetidas ocasiones, pues cuentan con una docena de sentencias a su favor y que declaraban ilegal la planta de transferencia. En junio de 2013 el alcalde decretó el cierre de la planta, cumpliendo una medida impuesta por el Tribunal Supremo.
A partir de ahí, se dio un cambio de legislación y es posible legalizar la planta de transferencia, al rebajar el tema del metraje de la distancia, por lo que Vaersa solicitó licencia para proceder a su reapertura, algo que de momento no se ha producido. El concejal de Medio Ambiente apunta que si bien la ley ha cambiado y puede legalizarse, la razón de fondo sigue estando ahí, pues si se producían molestias y olores seguirán estando aunque las instalaciones estén legalizadas, por lo que considera debe apostarse por otro tipo de servicio que no sea tan molesto.
El hecho de que la planta de transferencia de residuos esté cerrada comporta un coste añadido al servicio, pues supone un mayor volumen y con ello más dinero para el transporte, y se llegó a hablar de que costaría unos 200.000 euros más cada año. Los residuos que se generan en Alcoy se transportan para su desaparición a las poblaciones de Xixona y Villena, en función del resto. Las empresas que llevaban sus residuos a la planta de Alcoy y pagaban un precio por kilo ya han buscado alternativas.