Trece festeros explican los motivos que les han llevado a denunciar a la Associació de Sant Jordi

Los 13 festeros que han presentado el 24 de octubre una denuncia en los juzgados exigiendo la implantación del sufragio universal y la nulidad de la asamblea en la que Carlos Aracil fue elegido presidente de la Associación de Sant Jordi, han hecho público un comunicado que dice, íntegramente, lo siguiente:

“Como recogieron los medios de comunicación semanas atrás, el grupo que emite este comunicado, compuesto por 13 festeros, pertenecientes por tanto a la Asociación de San Jorge, dirigimos escrito al Casal, en el que se manifestaba que la convocada asamblea para cubrir los puestos directivos vacantes, debería de ser suspendida por su ilegalidad, al infringir lo ordenado al efecto, en las vigentes Leyes Estatal y Autonómica aplicables al caso y desconocer la exigencia insoslayable del sufragio universal de todos los asociados para la elección que se proyectaba, con la advertencia de que, caso de no ser atendidos, nos veríamos obligados a poner el asunto en conocimiento del Juzgado.

Tal iniciativa apuntaba, exclusivamente, al cauce y sistema que se iba a seguir, no a las personas que pudieran ser propuestas o resultaran elegidas.

Nuestra solicitud no ha sido escuchada, por lo que, cual se anunció, hemos formalizado ante el Juzgado de Alcoy la correspondiente demanda, en la que, reiteramos, se pide la nulidad de la Asamblea celebrada el 4 de octubre de 2014 y la de los acuerdos adoptados en ella.

Una vez más hemos de insistir en que, con esta actuación, no se va contra San Jorge, la Fiesta, la Asociación, ni tampoco contra las personas que resultaron elegidas sin la legitimación necesaria, sino que el objetivo único es instaurar, de una vez por todas, la legalidad, para que todo lo referente a nuestra celebración ciudadana mayor, discurra impecablemente de acuerdo con ella.
Finalmente, queremos hacer hincapié, en que acudir al Juzgado para que éste dirima la cuestión, no obedece a capricho o arbitrariedad alguna, sino al obligado camino de acogerse al mandato constitucional de que toda diferencia que no admite transacción deberá situarse en la sede de los Tribunales, que son los únicos que tienen la autoridad al efecto”.

El comunicado está suscrito por: Alejandro Satorre Payá, Antonio Matarredona Miralles, Alvaro Poveda Bardisa, Alfonso Rodríguez Sánchez, Camilo E. Aracil Domínguez, Consolación Florencio Quilis, Josep Sanus i Tormo, Antonio Pastor Blanes, Pedro A. Guillem García, Miguel A. Serra Martínez, Rafael Botí Sempere, Joan Matarredona Cortés y Adrián Albero Martínez.