La Rosaleda lleva 13 años entre espinas
La Rosaleda no estará en obras hasta 2015, en el mejor de los casos, puesto que la intención del gobierno municipal es poder licitar la redacción del proyecto este año y dejar la ejecución para el próximo. Cuestiones presupuestarias obligan al Consistorio a tener que actuar de esta manera “lamentando tener que postergar más en el tiempo la solución definitiva a un problema que se arrastra desde el año 2001”, tal y como explica la concejala de Contratación, Lorena Zamorano.
Así, ya son 13 los años en que esta zona está acompañada de la polémica, pues desde el primer momento el proyecto ejecutado contó con voces en contra, si bien el gobierno de ese momento, en manos del PP, siguió adelante, lo ejecutó y fue el Juzgado el que en 2005 dictó que no se ajustaba a la normativa, por lo que había que modificarlo. Desde entonces ha habido diferentes sentencias y aunque se trabajó en un proyecto para la legalización, fue descartado por el Juzgado y ahora hay que volver a empezar, por lo que hay que trabajar en un nuevo proyecto.
Inician los trámites
De momento, una comisión técnica multidisciplinar interpretará los parámetros establecidos por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana para plasmarlos en las bases de licitación de la redacción del proyecto de reforma de La Rosaleda, y estará constituida por representantes de la concejalía de Contratación y de los departamentos de Ingeniería, Medio Ambiente, Obras y Servicios, Arquitectura y el Gabinete Jurídico, que se encargará de fijar los criterios básicos que debe contener el proyecto de reforma de la plaza, a fin de que se adapte a la legalidad.
El objetivo es que las bases de la licitación para la redacción del futuro proyecto sean lo más concretas posibles en cuanto a diseño y funcionalidad de la plaza, “y que estemos todos seguros de que lo que se plasme en ese proyecto cumple estrictamente con la legalidad vigente”, señala Lorena Zamorano, quien añade que la voluntad de la concejalía es cumplir la sentencia que en su día condenaba al Ayuntamiento a reponer la plaza, y que debe contemplar soluciones que pasan por adecuar la rasante y la zona verde a los parámetros fijados en el PGOU, lo que incrementará los gastos, si bien confían en ejecutar la legalización al menor coste posible. Si hubiera que demoler una planta del párking la obra podría costar más de un millón de euros, más del doble de lo previsto inicialmente.
¿Estará la carrasca en el proceso?
El gobierno municipal considera que este nuevo proyecto debe contar con la aprobación de la ciudadanía, por lo que la concejala de Contratación ha invitado a la Colla Ecologista La Carrasca a participar en el proceso. Sin embargo, desde el gobierno municipal indican que el grupo ecologista ha preferido mantenerse al margen, “y es necesario que el proyecto definitivo cuente con el beneplácito de todos, sobre todo de la Colla Ecologista La Carrasca que es parte en el proceso judicial. Llegar a un consenso es necesario si queremos poner fin al problema y ejecutar la reforma. Por ello, emplazamos a La Carrasca a formar parte del equipo y trabajar juntos con el objetivo común de restablecer cuanto antes la legalidad de la zona”, señala Lorena Zamorano. Según parece, La Carrasca no comparte el hecho de estar en una comisión sin voto, si bien la edil señala que nadie tiene voto, sino que lo que se hace es valorar los informes técnicos que se presentan y las diferentes opciones existentes.