La Cámara valora esta nohe la nueva Ley
El Congreso aprueba el texto definitivo de la Ley de Cámaras de Comercio, Industria, Navegación y Servicios
Se establecen tres vías principales de financiación: los Planes de Competitividad e Internacionalización y la gestión de fondos europeos
La norma establece la existencia de al menos una Cámara por provincia
El Congreso de los Diputados ha aprobado esta mañana en sesión plenaria la nueva Ley que regulará el funcionamiento de las Cámaras de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España. La aprobación se ha realizado con un amplio consenso parlamentario lo que asegura una estabilidad que permitirá a las entidades centrarse en su auténtica vocación: apoyar mediante servicios de alto valor a las empresas, especialmente a las pymes y micropymes, motores decisivos para la recuperación de la economía española y la creación de empleo. La Comunidad Valenciana tendrá hasta el 31 de enero de 2015 para adaptar su normativa a la nueva Ley de Cámaras de Comercio, lo cual hace que se mantenga la incertidumbre sobre el funcionamiento de la Cámara de Alcoy.
Destacar la aprobación de una enmienda que refleja que debe existir al menos una Cámara por provincia, así como la composición de sus órganos de Gobierno que convierte a las Cámaras “en un auténtico parlamento de las empresas” ya que en su Pleno, máximo órgano de la institución, tendrán representación: Presidentes de Cámaras territoriales, las grandes empresas españolas y la Administración Central. Asimismo, tendrán participación las organizaciones empresariales, las asociaciones de autónomos y las Cámaras de Comercio españolas en el exterior.
El nuevo marco jurídico consolida la eliminación del canon obligatorio a las empresas. La pertenencia de las empresas a las nuevas Cámaras no va a representar ninguna carga económica para éstas, que podrán acceder a sus servicios y participar en sus órganos de gobierno.
En la exposición de motivos se recoge que el Ministerio de Hacienda estudiará el régimen fiscal más favorable para las aportaciones voluntarias de las empresas, siempre con el objetivo prioritario de apoyar la competitividad y la internacionalización de las empresas españolas.