Federico Trillo no renuncia a ser Hijo Adoptivo de Alcoy
Federico Trillo, actual Embajador de España en el Reino Unido, no se ha mostrado indiferente ante la petición de siete concejales del Ayuntamiento de Alcoy de que le sea reirado el título de Hijo Adoptivo de Alcoy. Muchos creían que el dirigente nacional del PP ni iba a mover una ceja ante esta petición, pero la realidad es que ha puesto en marcha toda su experiencia jurídica para defender su título y ha presentado 14 folios de alegaciones, porque evidentemente, no quiere renunciar al título honorífico que se le concedió por acuerdo plenario del 31 de marzo del año 2000.
En dos extensos artículos publicados en este periódico los días 14 y 21 de septiembre, y firmados por Josep Sanus, que fue el alcalde que promovió la concesión honorífica, se explicaban minuciosamente todos los méritos del que fuera ministro y presidente de las Cortes, en relación con Alcoy. Desde la izquierda alcoyana se prescindía de tales méritos y se actuaba basándose en las supuestas actuaciones recientes en el caso del desgraciado caso del Yak42 y los papeles de Bárcenas.
Ya en septiembre recordó Sanus que se trataba solamente de presunciones ya que no existía ninguna sentencia judicial contra Federico Trillo. Y ese es el argumento de defensa que ha presentado el Hijo Adoptivo de Alcoy, quien señala que “los grupos políticos que promueven retirarme el honor quieren conseguir por vía administrativa una condena rechazada por los tribunales”, añadiendo más adelante que “las responsabilidades públicas en los estados democráticos de derecho se exigen con las leyes, los votos o con sentencias. Los tribunales políticos son incompatibles con la democracia y el estado de derecho”.
LAS MAYORÍAS
El Reglamento Especial de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Alcoy, aprobado en 1976, y según el cual se le concedió a Trillo el título honorífico de Hijo Adoptivo de Alcoy, no contempla en ninguno de sus puntos la retirada de esos honores o distinciones, que tienen carácter vitalicio.
También se plantea que si para la concesión se exige una mayoría, en el caso de obviar todas las alegaciones y someter a votación la retirada del honor, habría que considerarse una mayoría, que en estos momentos los proponentes no tienen en el pleno.